La primera audiencia pública de este año para analizar un ajuste "transitorio" en las tarifas de gas se realizará pasado mañana, con el fin de acordar un aumento tanto para el transporte como para la distribución del servicio.

La convocatoria arrancará a las 9 y se realizará de manera virtual con sede en la Ciudad de Buenos Aires, según dispuso el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas). En ese ámbito, se pondrán en consideración las propuestas de las distribuidoras y transportistas. La segunda audiencia se concretará el lunes 31 de enero, mientras que la suba de tarifas se aplicaría a parir del primero de marzo.

El Enargas aclaró que el objetivo de las audiencias es tratar la adecuación transitoria de la tarifa del servicio público de transporte de gas natural y de la tarifa del servicio público de distribución de gas por redes.

El ente de control consideró que previo a la celebración y/o suscripción de Acuerdos Transitorios de Renegociación con las licenciatarias, "esta Autoridad Regulatoria entiende oportuno y conveniente escuchar activamente a los usuarios y usuarias y todo otro interesado, a fin de poder contemplar sus consideraciones, en orden al objeto de la audiencia pública".

Las empresas que estarán presentes en las audiencias -junto con usuarios y funcionarios del Gobierno- son las distribuidoras Metrogas, Naturgy, Litoral Gas, Gas Cuyana, Gasnor, Camuzzi Gas del Sur, Camuzzi Gas Pampeana, Gas del Centro, GasNea y Redengas; también, TGS (Transportadora de Gas del Sur y TGN (Transportadora de Gas del Norte).

En 2021, los aumentos promedio en el servicio de gas por redes fueron del 6%, que se aplicaron a mediados de año para los usuarios residenciales. Para este año, el secretario de Energía, Darío Martínez, señaló recientemente que el incremento rondará el 20%, aunque las distribuidoras buscan que el ajuste alcance hasta el 119%.

Con la suba de tarifas, el Gobierno busca reducir los subsidios al sector energético, que representan casi dos tercios del total de transferencias a sectores económicos, empresas públicas y fondos fiduciarios. Desde 2020, el Poder Ejecutivo trabaja en una "segmentación de tarifas", a través de la cual los aumentos se diferencien de acuerdo con la capacidad económica de cada usuario.