Será una semana clave para el futuro de la tradicional casa de electrodomésticos y para las cinco empresas asociadas que dan empleo a 3.800 personas de manera directa. Por un lado, se intentará cerrar un acuerdo por inversiones con un grupo extranjero y, por el otro, se presentará un plan de pago de salarios, medio aguinaldo y aportes a la seguridad social adeudados, en la mayoría de los casos, desde hace tres meses.

Las promesas incumplidas de parte del directorio de la empresa que dirige Carlos Rosales, sumada a la caída de convenios para incorporar socios nuevos que aporten capital para saldar deudas de la compañía pero también para continuar con las operaciones de venta minorista, han provocado la desconfianza de los trabajadores en que las negociaciones lleguen a buen puerto, y esas son las razones principales por las que permanecen protestando en las calles del centro porteño y las provincias donde la firma tiene presencia.

El lunes 12 hubo una importante manifestación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde algunos empleados decidieron marchar junto a agrupaciones políticas y gremios de izquierda como Ademys. Los empleados de Garbarino se trasladaron hasta el ministerio de Trabajo de la Nación en el barrio del Congreso para pedir por el pago de sueldos y aportes previsionales.

El martes 13, mientras aguardan las propuestas de pago de salarios atrasados a las que se ha comprometido realizar el dueño de Garbarino, Rosales, en muchas sucursales habrá una tensa calma, y varios trabajadores encabezaran reclamos en las oficinas del grupo sobre la calle Juncal.

La preocupación de los empleados pasa, además, por la pérdida de la obra social en plena pandemia de coronavirus.  Este estado de cosas ha sido definido con una frase, escuchada repetidas veces por NA, entre los trabajadores de Garbarino, “se está viviendo una situación de desmadre total”.

Emiliano Iglesias es uno de los delegados de Garbarino que estuvo presente en los reclamos de la semana pasada en Plaza de Mayo para que las autoridades nacionales tomen nota de lo que sucede en esta cadena de electrodomésticos.

A propósito de la situación actual afirmó: “la situación es desesperante, angustiante, no damos más. Son tres meses sin cobrar y la gente ya no tiene como resistir. Ahora, me gustaría aclarar que el tema del retiro de mercaderías de las sucursales para cobrarnos los salarios adeudados no va a suceder. Por suerte, los trabajadores de Garbarino no hemos llegado a ese punto ni vamos a cruzar esa  línea porque  sabemos que no corresponde. Se viene aguantando todo lo que se puede pero la verdad es que ya está, llegamos al punto máximo de angustia y esto no tiene visibilidad de que  se vaya a solucionar”.

Consultado acerca de la actuación del gremio principal de la rama de actividad, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) que conduce Armando Cavalieri, sostuvo: “dependemos de algún empresario que invierta, que ponga guita, en esta empresa y Armando (Cavalieri) está trabajando dialogando con funcionarios del Estado Nacional y con los del Gobierno de la Ciudad, pero esta todo trabado porque aducen que ellos han puesto mucha plata que no saben dónde fue a parar.  Hubo desembolsos de ATP, del Repro, y la plata que la empresa no ponía, que era por el monto que le estaban dando, tampoco saben que hicieron con esa diferencia. En marzo, hubo ventas récord por 4.000 millones de pesos y al mes siguiente no había para saldar los sueldos. Estamos al borde del abismo”.

En ciudades importantes por el nivel de venta minorista como Mar del Plata la situación es límite. Continúa la toma de una sucursal en reclamo de sueldos adeudados. Los trabajadores reparten volantes donde explican que hace 70 días que no cobran. Guillermo Bianchi, secretario general del sindicato de Empleados de Comercio en esa ciudad, explicó a medios locales: “tenemos 50 familias afectadas en Mar del Plata por esta situación, en un  contexto malísimo por el tema de  la pandemia y cuando llamamos a Buenos Aires reclamando por los salarios nos contestan con evasivas. Por ello, la toma va a seguir  vigente hasta que se encuentre una respuesta positiva”.

El empresario Carlos Rosales, dueño de un grupo asegurador y director ejecutivo de la compañía desde hace un año, se comprometió a realizar una propuesta de pago a los representantes de los empleados, según se desprende del compromiso asumido en una audiencia ante funcionarios del ministerio de Trabajo que conduce Claudio Moroni.

Además, Rosales analizará una nueva oferta de ampliación de capital durante esta semana que luce como clave para el futuro de Garbarino, Compumundo, Garbarino Viajes y la ensambladora de celulares en Tierra del Fuego Digital fueguina que, a la fecha, permanece tomada por los operarios.

El ingreso de nuevos inversionistas le permitiría a Rosales avanzar con el plan de reestructuración de los canales de venta de la firma de electrodomésticos y con el saneamiento de los pasivos registrados en el balance y en los registros del Banco Central que, a la fecha, acumula más de 3.251 cheques rechazados por un monto cercano a los 4.061 millones de pesos. Entre los principales acreedores se encuentran las firmas financieras Frincredit ( $186 millones); Finares ($148 millones) ; el Banco Nación  ($ 83 millones); el HSBC ($54 millones) y American Express ($13 millones).

La propuesta realizada por Facundo Prado, empresario tucumano dueño de la tarjeta de crédito Centrocard y del grupo de telecomunicaciones Supercanal Arlink con presencia en 14 provincias, fue rechazada por Carlos Rosales a fines del mes pasado y ahora apuestan a una nueva negociación abierta con un grupo extranjero del cuál no ha trascendido el nombre.

Por el momento se consiguió cerrar un acuerdo con la firma Newsan para producir equipos de aire acondicionado en las plantas de la provincia de Tierra del Fuego que están inactivas por las protestas. De prosperar el ingreso de un nuevo socio las plantas fueguinas volverían a producir y se apaciguaría el conflicto sindical que está a punto de alcanzar motivos dramáticos.

Otro frente que ha abierto el directorio que conduce Carlos Rosales en contra la AGIP, organismo recaudador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Concretamente, le han reclamado al Gobierno de la Ciudad que conduce Horacio Rodríguez Larreta, que le devuelva $ 438 millones por multas que consideran indebidas. “Con ese dinero podríamos pagar todos los sueldos  atrasados”, afirmaron.

Una negociación compleja, como todas las que  se lleva adelante con la AGIP, que no se resolverá de manera expedita y que pone como excusa para su pronta resolución la situación salarial de los trabajadores.  Desde el Gobierno de la Ciudad replicaron que esas deudas, que incluyen a Compumundo, son responsabilidad de la dirección de la empresa por las retenciones indebidas que debían ser liquidadas a la Administración Gubernamental de Ingresos  Públicos (AGIP).

Mientras tanto, en el medio, están los 3.800 trabajadores, sin dinero, con empleados sin obra social al día, en medio de una pandemia que no tiene precedentes, y con el recurso de queja como única vía posible para conseguir que se les liquide lo que se les debe.