El Impuesto a las Ganancias volvió a ser protagonista gracias al proyecto de reforma impulsado por el diputado oficialista Sergio Massa y que recibió el impulso del presidente, Alberto Fernández, en la apertura de sesiones legislativas.

La propuesta busca incorporar una nueva deducción que fuerce a que aquellos empleados en relación de dependencia que cobran menos de $150.000 brutos por mes a dejar de abonar el gravamen.

Algo parecido se busca con los jubilados. En este caso, se busca establecer una deducción igual a 8 haberes mínimos y, de aprobarse estos cambios, sólo abonarán el impuesto aquellos cuyos haberes superen los 152.280 pesos.

Por último, plantea la posibilidad de que sea el Poder Ejecutivo el que se encargue de ajustar o establecer nuevos parámetros para aquellos que, superados los $150.000 brutos mensuales, no excedan los $173.000 brutos.

Esta iniciativa, si bien visibiliza un problema real de los empleados y jubilados, tiene muchas falencias técnicas. Por empezar, habla de valores brutos. Esto significa que el piso será menor del que se habla (por caso, $124.500, si recibe sólo los descuentos de ley del 17%).

Otra cuestión problemática tiene que ver con que se dejará a discreción de un Poder distinto al que debería regular las normas impositivas la decisión sobre un futuro cambio (la potestad para hacerlo es exclusiva del Congreso).

Eso sin contar que no hace tanto tiempo el Ejecutivo tuvo en sus manos las decisiones sobre las deducciones de Ganancias y terminamos con 13 mínimos no imponibles, que variaban de acuerdo a la zona, los ingresos percibidos, entre otros.

Por otro lado, al agregar una nueva deducción, en vez de ajustar las ya existentes, termina impactando negativamente en quienes apenas superen el nuevo monto, ya que sus deducciones permanecerán inalterables y el impuesto a pagar será mayor.

Del mismo modo, al no haber más que una deducción nueva, no se ajustarán los parámetros que definen las escalas y, muy probablemente, los que paguen lo harán con tasas altas.

Otro detalle no menor es que, según la propuesta, el nuevo piso se aplicará recién el mes siguiente al que se promulgue la ley y todo lo que se retenga hasta el momento no será devuelto.

Todas estas cuestiones demuestran que la propuesta no está a la altura de lo que se necesita para lograr que el impuesto sea verdaderamente progresivo. Por el contrario, será cada vez más distorsivo.

Esta semana comenzará a debatirse en comisiones esta iniciativa y ya se hablan de varias deducciones más: de gastos de autos a turismo, pasando por horas extras y viáticos.

Allegados a Massa aseguran que están abiertos a realizar cambios con el fin de lograr la mejor ley posible. Sería una buena oportunidad para solicitar algo simple, que ayudaría mucho a mejorar el impuesto: que reconozca el impacto de la inflación.

Si todos los parámetros (y hablamos de todos: deducciones, deducciones especiales, cargas de familia, tablas de alícuotas, etc.) de la norma actual fueran ajustados reconociendo el IPC, por caso, probablemente estemos en presencia de un gravamen un poco más justo.

Y, de paso, podrían ampliar el espectro de alcanzados. La reforma no debería dejar de lado a nadie. No sólo los empleados y jubilados deberían ser beneficiados, sino también los autónomos a quienes el proyecto ignora definitivamente.

No hay que seguir sumando deducciones. La solución debería ser más simple. Si las actuales deducciones pudieran actualizarse automáticamente por la inflación se lograría dar un gran paso hacia la normalización de un impuesto que está a punto de distorsionarse como ocurrió en el pasado.