La presidenta de AySA, Malena Galmarini, ratificó que la empresa estatal pretende un aumento tarifario del 32% para este año, si bien consideró que ese porcentaje es "simbólico" por estar "muy por debajo de la inflación".

Dicho ajuste se aplicaría en dos etapas: un 20% a partir del primero de julio, y otro 10% a partir del primero de octubre; como no es acumulable, el ajuste sería del 32% para todo 2022.

"El aumento solo nos va a permitir recaudar $3.300 millones más y generará un incremento del presupuesto de ingresos de solo el 9%, una suba simbólica", sostuvo Galmarini, en el marco de una prolongada exposición que brindó en la audiencia pública que se lleva a cabo este jueves.

La audiencia es presidida por el secretario de Obras Públicas, Carlos Rodríguez y fue convocada para analizar la propuesta de adecuación tarifaria de AySA; se realiza apenas una semana después de que se desarrollaran las correspondientes a los servicios de luz y gas.

Galmarini sostuvo que el incremento propuesto "se encuentra muy por debajo de la inflación acumulada desde el último incremento tarifario (aplicado en 2019) e incluso por debajo de la inflación proyectada para 2022". Por ese motivo, señaló que la revisión tarifaria "solo reduce la velocidad a la que se amplía la brecha".

En cuanto a la segmentación de las tarifas, la funcionaria  explicó que la empresa solicitará aplicar el mecanismo propuesto por la Secretaría de Energía, según los datos geográficos y socioeconómicos de los usuarios. Caso contrario, AySA "confeccionará su propia segmentación", anticipó.

Galmarini advirtió que a medida de que la tarifa no se incrementa al ritmo de la inflación, los ingresos por la facturación del servicio "son muy menores y por ende, se incrementa la necesidad de transferencias del Tesoro Nacional, de contar con subsidios del Estado".

Por caso, puntualizó que la factura media mensual de AySA es de $485,15 mensuales y la comparó con los precios del agua mineral, de aguas saborizadas y de gaseosas, que -según dijo- están muy por encima de lo que cobra la compañía estatal. En cuanto a la tarifa social, explicó que este año la perciben 250 mil usuarios, con un monto anual del beneficio de $937 millones.

En este marco, la funcionaria cuestionó al Gobierno anterior por la administración de AySA. Comentó que al inicio de su gestión, en diciembre de 2019, la empresa estaba "quebrada, con deuda a proveedores y deudas vencidas e impagas por $97 millones de la provincia de Buenos Aires, $285 millones de la Ciudad de Buenos Aires y $304 millones del Gobierno nacional".

Consideró que el déficit operativo era superior a los $3.500 millones y también había una deuda de US$ 500 millones por la emisión de una Obligación Negociable, con vencimiento en 2023. "También, había más de cien obras paralizadas, que afectaban a unos 700 mil habitantes", añadió.

Sobre los números de su gestión, señaló que "tenemos 755 obras finalizadas desde 2019 y 653 obras en ejecución y en proceso. Nuestro plan de inversiones para este año contempla un monto de $214.000 millones".

La concesión de AySA abarca a la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del Gran Buenos Aires, con una población estimada de 14,7 millones de habitantes.