Luego de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) resolvió revocar la resolución del tribunal de impugnación para volver a su estado natural con el embargo de siete millones de dólares contra la empresa COMARSA, el fiscal de la causa, Maximiliano Breide Obeid, dijo que esta causa “deja un precedente muy importante”. 

El monto había sido rebajado a solo 200 mil pesos por acusado. 

Breide Obeid dijo al Canal 7 de Neuquén que “esta causa deja un precedente muy importante porque establece facultades para los jueces que pueden establecer un embargo sin mirar la multa solamente”. 

Destacó que “la sentencia vuelve las cosas a su camino normal luego de que la anterior cámara modificó los montos embargables”.

Señaló que “se puede ahora avanzar sobre inmuebles o vehículos. Ahora la causa va camino a reformular cargos porque la empresa habría ocupado ilegalmente terrenos estatales”.

COMARSA tiene en su contra un juicio por contaminación y adulteración de balances, sumándose ahora la de usurpar tierras para explotación.

Con los votos de los vocales Evaldo Moya y Alfredo Elosu Larumbe, el TSJ anuló un fallo previo, en el que una conformación del Tribunal de Impugnación interpretó que el embargo debía limitarse a cubrir el monto correspondiente a la multa vigente para casos de contaminación en la legislación específica.

El Tribunal de Impugnación había revocado previamente estas medidas, generando controversia y múltiples impugnaciones. 

Entre las partes recurrentes se encontraban el Ministerio Público Fiscal, las querellas particulares y la defensa de los imputados. 

Las medidas cautelares, impuestas originalmente para asegurar la disponibilidad de bienes en caso de una eventual condena por daños ambientales, fueron un punto central de la discusión legal.

El Tribunal subrayó la importancia de las medidas cautelares como herramienta para garantizar la reparación del daño ambiental causado por COMARSA S.A., destacando que la contaminación generada por la empresa produjo ganancias estimadas en siete millones de dólares. 

Se señaló que, de confirmarse la condena, estas ganancias deberían destinarse a la reparación del ambiente afectado, cuyo costo ascendería a veinticinco millones de dólares.