Hace unos 70 años, ya se había proyectado una obra hidroeléctrica para instalarse en Mendoza, con aguas que provienen del Río Grande, que es el principal afluente del Colorado, que corre por Buenos Aires, La Pampa, Río Negro y Neuquén. Se trata de la central Portezuelo del Viento, con su emplazamiento pensado en Malargüe. Una obra que demandará 5 años para su construcción, creará 3.000 puestos de trabajo directos y al menos 12.000 indirectos. Además regulará el caudal del Río Colorado, generará mas de 200 megawatts para alimentar a casi 150.000 viviendas, y le permitirá a Mendoza aliviar las inundaciones o sequías.

Una obra que fue postergada durante 70 años por desidia, lobbies, internas políticas feroces y exigencias de estudios de impactos ambientales que deben ser aprobados por unanimidad por las cinco provincias. De esta forma, una idea pensada para el crecimiento energético del país, y económico de Mendoza, se convirtió en un emblema de lucha solitaria por parte de los mendocinos.

Sin embargo, el error estratégico político mas grande de los detractores de la construcción de la represa en los últimos años fue no considerar el rol que puede jugar aquella joven candidata a gobernadora y actual senadora nacional por Mendoza del Frente de Todos, Anabel Fernandez Sagasti. Una figura política que hoy se convirtió en la predilecta, casi elegida como una hija, por la vicepresidenta Cristina Fernandez de Kirchner.

Anabel -36 años, abogada, martillera pública y corredora de comercio egresada de la Universidad Nacional de Cuyo- es considerada por muchos como una bocanada de aire fresco y esperanza para los mendocinos, por su interés manifiesto para que se lleve adelante este proyecto, así como otras iniciativas favorables para su provincia. Algunas opiniones más radicalizadas dijeron que se le presta más atención a las declaraciones o movimientos de la pujante senadora, que a las del del propio gobernador Rodolfo Suarez.

Con respecto a la central hidroeléctrica, su presupuesto asciende a unos 1.023 millones de dólares, que serán aportados por el Estado Nacional, para cumplir con decisiones de gobiernos anteriores y de la Corte Suprema de Justicia, quienes reconocieron los daños económicos que sufrió Mendoza al quedar fuera del lote de estados provinciales que tenían beneficios en materia económica e impositivas concedidas por la conocida e histórica Ley de Promoción Industrial.

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A pesar de las objeciones, principalmente de La Pampa por la necesidad de contar con un estudio de impacto ambiental aprobado unánimemente por las cinco provincias por donde corre el río, el gobernador Suarez avanzó. Llamó a licitación y este año adjudicó el emprendimiento al único ofrente: la UTE Malal Hue, encabezada por la empresa china Sinohydro, que se asoció con las mendocinas CEOSA, IMPSA y Obras Andinas.

De cumplirse con protocolos propios del proceso y sin nuevas controversias, el 11 de agosto se recibirá la oferta técnica y el 16 de noviembre la propuesta económica. La obra sería adjudicada a mediados de 2021 y empezarían los trabajos durante el segundo semestre del año próximo.

El presidente Fernandez debe decidir rápidamente si acepta los reclamos del gobernador pampeano Sergio Ziliotto, o autoriza un nuevo desembolso del Estado para continuar con este proceso de construcción de la central hidroeléctrica. En el entorno del Jefe de Estado no dudan que dará el visto bueno para el giro de la partida, y evitar así el disgusto de Fernandez Sagasti, pero sobre todo no tener un conflicto con Cristina Kircher.

De este modo, una comisión formada por representantes de las cinco provincias avanzará con los planes de la construcción de la obra, la redacción de las reglamentaciones en el manejo de la represa, su llenado y el impacto ambiental. El final de la historia para la construcción de la central hidroeléctrica Portezuelo del Viento, soñada por los mendocinos desde hace unos 70 años, se conocerá en los próximos días.

La senadora Fernandez Sagasti juega un papel principal.