Por Guillermo Malsiani

En medio de una pandemia que destruyó economías pero también sirvió para atenuar reclamos de los acreedores, la Argentina quedó a un paso de cerrar otro complejo acuerdo con los bonistas, crucial para darle empuje a la actividad y evitar el tan temido default.

El 21 de abril, el ministro de Economía, Martín Guzmán, lanzó públicamente el plan oficial para reestructurar más de 66 mil millones de dólares, que originalmente establecía un plazo de gracia de tres años, con fuertes quitas en capital e intereses.

En estos tres meses y medio, las negociaciones pasaron por todos los estados posibles, con apoyos internos y externos, y una férrea oposición por parte de los fondos más poderosos, entre ellos BlackRock, del financista Larry Fink.

La versión sobre un acuerdo surgió luego de los avances en las negociaciones con el Grupo Ad Hoc, el Grupo Exchange y el Comité de Acreedores de la Argentina (ACC, según sus siglas en inglés).

Desde aquel 21 de abril, pasaron cinco prórrogas en el vencimiento de las negociaciones, mejoras sustanciales en las ofertas y apoyo de académicos del exterior, principalmente por parte del Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, mentor del ministro Guzmán.

En el tramo final de las tratativas, el Gobierno debió ceder a muchos de los reclamos de los bonistas que actuaron en conjunto y así hicieron consiguieron mayor poder de presión.

Sin embargo, con todo eso, la Argentina podrá conseguir finalmente un buen acuerdo que aleja el fantasma del default y da las chances de lograr mantenerse en los mercados financieros y acceder al crédito, en un momento en que las tasas están por el piso.

En estos últimos días, las exigencias de los grupos de bonistas apuntaron fundamentalmente a las denominadas Cláusulas de Acción Colectiva.

Por otra parte, desde la oferta original a la actual, el Gobierno debió elevar de 40 a 54 dólares el valor presente neto de la propuesta.

En rigor, no había muchos caminos: la primera propuesta fue rechazada por el 85% de los acreedores, lo cual dejó en claro que las negociaciones arrancaron con propósitos muy lejanos.

Un punto a favor de Guzmán será que logró recortar el cupón promedio de la deuda en casi la mitad: de casi 7% a poco más del 3,4%, lo que se traduce en un ahorro cercano a los 20.000 millones de dólares.

"¿Hay un punto donde convenga no aceptar firmar ningún acuerdo? Sí. Si el acuerdo supone más postergaciones para los argentinos, más ajuste para los jubilados, no lo pienso hacer.

Si el acuerdo exige que deje de auxiliar a 9 millones de personas que cobran el IFE no lo voy a hacer. Eso está claro.

El límite es que me exijan más padecimientos para los que más necesitan", dijo el último fin de semana el presidente Alberto Fernández.

De cualquier manera, ningún acuerdo será por sí solo motor de empuje de una economía desgastada. Pero sin un entendimiento todo sería más complicado y dificultoso, con impredecibles consecuencias.