El Estado nacional amplió su gasto en $829.430 millones respecto del Presupuesto original en lo que va del año, principalmente para hacer frente a programas de asistencia ante la emergencia derivada de la pandemia de coronavirus.

La mayor parte de esos recursos se canalizaron a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), a cuyo cargo está la implementación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), además del habitual pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones.

El gasto del organismo conducido por Fernanda Raverta tuvo hasta el momento un incremento adicional de $398.943 millones, el 48,1% del total del aumento de todo el gasto de la Administración Pública Nacional, según el análisis realizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

El incremento está en consonancia con lo expresado por el presidente Alberto Fernández, que estimó el gasto para hacer frente a la pandemia en cerca de 2,6% del PBI.

Ese aumento de $829.430 millones representa el 17,1% del crédito inicial.

Como en el mismo período también hubo una suba en los ingresos por $540.222 millones, se incrementó a su vez el déficit en $289.208 millones

El Presupuesto vigente es una prórroga que dispuso Fernández del cálculo de gastos y recursos de 2019 más sus modificaciones, luego de considerar que el proyecto de ley presentado por el entonces ministro de Economía, Hernán Lacunza, era “un dibujo” que no se correspondía con la realidad fiscal y financiera.

Al asumir, Fernández sostuvo que enviaría el proyecto de ley al Congreso una vez que se resolviera el canje de la deuda, pero las complicaciones derivadas de la pandemia del COVID-19 obligaron a dejar de lado su elaboración.

Por tal razón, los funcionarios del Ministerio de Economía están abocados directamente a la elaboración del proyecto de ley de Presupuesto 2021.

El incremento del gasto se plasmó a través de 11 modificaciones presupuestarias, de las que tres tuvieron efecto fiscal neutro, en tanto las ocho restantes se formalizaron al través de un Decreto de Necesidad y Urgencia y siete decisiones administrativas.

El detalle de las normas y su impacto en el déficit fiscal, con la fecha de publicación en el Boletín Oficial, es el siguiente:

1.- Decisión administrativa 347 (11 de marzo): $6.994 millones.

2.- Decisión administrativa 403 (19 de marzo): $1.706 millones.

3.- Decisión administrativa 443 (27 de marzo): $55.628 millones.

4.- Decisión administrativa 458 (5 de abril): $97.172 millones.

5.- Decisión administrativa 677 (30 de abril): $10.000 millones.

6.- Decreto de Necesidad y Urgencia 457 (11 de mayo): 76.456 millones.

7.- Decisión administrativa 885 (26 de mayo): $50 millones.

8.- Decisión administrativa 997 (8 de junio): $41.202 millones.