Un conjunto de cámaras de empresarios del transporte automotor denunciaron amenazas de quite de concesión por parte de las autoridades competentes y afirmaron que en las actuales condiciones “no hay forma de darle continuidad a los servicios".

Estas empresas mantuvieron en las últimas semanas una serie de medidas de fuerza en reclamo del pago de subsidios atrasados por parte de los gobiernos Nacional, y de la Ciudad y provincia de Buenos Aires.  

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“No es posible solucionar con amenazas estos problemas. No hay forma de darle continuidad a los servicios frente a esta situación por lo que rechazamos las imputaciones que las graves consecuencias de ese problema acarrean a la población y trabajadores”, señalaron los empresarios en un comunicado de prensa.

La nota la firman la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (A.A.E.T.A.), Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (C.T.P.B.A), Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (C.E.A.P.), Cámara Empresaria de Transporte Urbano de Buenos Aires (C.E.T.U.B.A.) y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (C.E.U.T.U.P.B.A.).

“El sector de Transporte Automotor de pasajeros del AMBA viene atravesando una crisis, en diversas ocasiones denunciada, que explica el deterioro en la calidad de los servicios debido a la combinación de varios factores oportunamente desarrollados”, indicaron en el parte de prensa.

En ese contexto consideraron que “es inadmisible que las autoridades apelen a amenazas de quita de concesión y presiones de todo tipo, cuando la actividad cuenta con un marco regulatorio y contractual preciso el cual es incumplido por el Estado Nacional, en quien las autoridades de la provincia de Buenos Aires y CABA han delegado la competencia de Tarifas y Determinación de Compensaciones o Subsidios”.

Los empresarios afirmaron que “no existe ningún lock out patronal sino un ahogo persistente de las empresas de transporte ya que no tienen la atribución (como otras actividades si tienen, incluyendo a nuestros proveedores) de fijar un “precio” que cubra los desajustes que una inflación récord en 30 años produce en los costos de esta actividad”.

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“La unanimidad del Sector empresario rechaza estas acusaciones, e insta a las autoridades a que asuman su responsabilidad ya que toda relación contractual obliga a ambas partes, por lo que se debe honrar el cumplimiento de las obligaciones asumidas, de lo contrario no hay forma de operar”, insistieron.

Desde las Cámaras enfatizaron que “no es posible solucionar con amenazas estos problemas”.