El subte porteño dejó de pagarle US$50 millones por derecho de importación a la AFIP

Por Lucio Di Matteo

El principio de jerarquía normativa se enseña en la materia Derecho Administrativo de la escuela secundaria: una norma de rango inferior no puede contradecir o vulnerar a otra de rango superior. Sin embargo, Juan José Gómez Centurión, cuando era director de la Aduana, decidió mediante una nota aduanera contradecir lo sancionado en el Presupuesto Nacional 2015 (la Ley de Leyes), para eximirle a Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE) el pago de casi US$50 millones en derechos de importación, cuando trajo al país vagones para el servicio que presta.

Esto ocurrió en 2016, por lo que todavía no prescribió en términos administrativos ni judiciales. Es decir, la Aduana, como parte de la AFIP, podría reclamar el pago de los casi u$s 50 millones (habrá que ver si al tipo de cambio de ese momento o el actual); en tanto que cualquier fiscal, juez o denunciante podría tomar los hechos y volverlos una causa judicial. En principio, según dos abogados especializados en materia impositiva, se le aplicarían las figuras de evasión impositiva a SBASE y al despachante Héctor Marotta (curiosamente , también concejal de Cambiemos en San Isidro); mientras que Gómez Centurión podría ser acusado de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Esto se debe a que la decisión del ex director de Aduana vulneró no sólo una exención impositiva sancionada por ley, que no incluía al subterráneo, sino que también desconoció un veredicto de la División Dictámenes de la Aduana, que el 27 de mayo del 2016 dijo que no correspondía la exención impositiva, y además señaló que otorgarla sería una violación legal. A pesar de ese consejo, mediante una simple nota aduanera (una de los normas jurídicas de menor jerarquía), Gómez Centurión decidió otorgarle el beneficio a SBASE.

Consultado por este medio, el ex militar y candidato presidencial afirmó que "cuando Cristina (Fernández de Kirchner) entregó el subterráneo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en 2014, además eximió a los ferrocarriles de pagar impuestos por traer material rodante, pero no incorporó al subte en esa normativa. Era una discriminación a CABA, por ser de un signo político opuesto".

"Por ello -agrega Gómez Centurión-, en el 2016, cuando SBASE decidió importar material rodante que no se produce en el país, me habló el jefe de Gobierno (Horacio Rodríguez Larreta) y me dijo que SBASE iba a terminar pagando una cifra importante por derechos de importación, cuando el Estado Nacional no lo hacía por ferrocarriles. Como consideré que las normas anteriores eran de discriminación política, y además SBASE es una sociedad estatal, terminé aplicando el procedimiento de excepción, que fue aprobado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)".

La obediencia debida y la ley vulnerada

En aquel momento, a los aduaneros de carrera les sorprendió que Gómez Centurión desoyera el consejo de la División Dictámenes, exponiéndose a futuras acciones judiciales en su contra. Pero también los sorprendió la celeridad y obediencia debida con la cual se ejecutó el proceso para no cobrar ningún impuesto a la importación de vagones para el subte. Por acción, intervinieron desde la subdirección de Administración, que tiene a su cargo la recaudación de AFIP; hasta Telecomunicaciones, donde debieron ingresar al sistema las tablas de los CUIT para cargarle ese beneficio a la empresa. Por omisión, los que podrían haber actuado son Auditoría Interna y Asuntos Jurídicos, pero no fue el caso.

Con respecto a las normas anteriores, que dejaron al subterráneo fuera de la exención impositiva, la génesis fue el Presupuesto Nacional 2015 -Ley 27.008-, que en su artículo 57 estableció que se eximían los derechos de importación para el "consumo de material rodante -locomotoras, unidades autopropulsadas y material remolcado-, de los repuestos directamente relacionados con dichas mercaderías y de rieles, destinados a proyectos de inversión para el fortalecimiento y mejoramiento del sistema de transporte ferroviario de pasajeros y de cargas".

El artículo era más específico aún: se aplicaba a compras realizadas por el Estado Nacional, la Ciudad de Buenos Aires o las provincias, la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE) o el Belgrano Cargas. La exención impositiva terminaba el 31 de diciembre del 2016. "Estas exenciones sólo serán aplicables si las mercaderías fueren nuevas y la industria nacional no estuviere en condiciones de proveerlas", agregaba el mismo artículo.

El argumento de la discriminación política, esgrimido por Gómez Centurión, podría relativizarse. Pues la exención se autoriza para Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero en la importación de material para trenes, aunque no el subterráneo, siendo la única metrópoli del país que posee este medio de transporte.

La idea fue planteada por un despachante y concejal de Cambiemos

El génesis de la exención impositiva fue una nota de SBASE, firmada no por un funcionario de esa firma estatal, sino por su despachante, Hernán Delfor Marotta (CUIT 20-04439075-3), que además de realizar esta actividad privada era en ese momento concejal de Cambiemos en San Isidro. Marotta fue reelecto en 2019 y sigue actualmente en el cargo, dentro del Interbloque Cambiemos.

Marotta es solidariamente responsable por el pedido de SBASE, ya que él mismo lo realizó, por lo que también podría caberle la acusación por evasión impositiva. Si se considera el cargo político de Marotta, y que Gómez Centurión vive en San Isidro, al despachante también se lo podría acusar de tráfico de influencias.

La historia de Marotta con el comercio exterior cuenta con un antecedente muy recordado: el contrabando de autopartes realizado por Autolatina, que en ese entonces juntaba a Ford y Volskwagen, hasta mediados de los 90. Marotta era el despachante de Aduana, y el caso tuvo a importantes directivos de esa automotriz -Alfredo Federico Henke y Jorge José Tozzini- procesados, junto a los agentes aduaneros Simón Omar Medina y Alberto Domínguez Nara.

El procesamiento les fue dictado por ser coautores del presunto delito de ingreso al país de mercadería extranjera sin el previo control aduanero. En la causa, originada en 1995, se llegó a la conclusión de que los ejecutivos y agentes investigados debían ser procesados por el no control de más de 100 contenedores que ingresaron al país vía Paso de los Libres.

Para SBASE, no hubo ninguna irregularidad

En total, la sociedad estatal del subte se ahorró u$s 49.806.130 por derechos de importación. Fueron seis los envíos de material rodante que gozaron de la exención impositiva, el primero del 20 de mayo del 2016, y el último realizado el 14 de diciembre de ese año, por derechos de importación que deberían haberse pagado desde US$6.724.284 (en el caso de cuatro envíos) hasta US$10.086.425 (los dos restantes). La curiosidad, que podría sumar argumentos a la ilegalidad de la excepción, es que en el último envío, del 19 de diciembre, sí se pagó el derecho de importación correspondiente, por US$2.736.145.

Consultada por NA, una vocera de SBASE aseguró que "no hubo ninguna irregularidad en el procedimiento utilizado por Gómez Centurión para habilitar la excepción. Lo pidió el área de Legales de la Ciudad de Buenos Aires y fue otorgado". Por otra parte, también destacó que "fue todo ganancia para la ciudad".