El Poder Ejecutivo incrementó en $118.183 millones el déficit primario por sobre el crédito inicial autorizado en la ley de Presupuesto, lo que supone un desvío del 14,91% en relación con la norma sancionada por el Congreso en noviembre del año pasado.

Por medio de seis decisiones administrativas y un decreto de necesidad y urgencia (DNU) el déficit primario pasó de $792.508 millones a $910.691 millones, en tanto el financiero (que incluye los servicios de la deuda pública) se elevó de $1.453.686 millones a $1.571.789 millones, de acuerdo con un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

Las modificaciones al Presupuesto por parte del Poder Ejecutivo están contempladas en la ley de Administración Financiera y por lo general obedecen a la necesidad de incrementar el gasto porque la inflación estimada fue menor a la efectiva o al surgimiento de gastos no previstos, como es el caso de los programas de emergencia por la pandemia de coronavirus o subsidios a empresas de servicios públicos mayores a los proyectados.

Al respecto, el cálculo de gastos y recursos sancionado a fines de 2020 estuvo elaborado en base a una inflación para todo 2021 del 29% y previendo la superación de la pandemia, al punto que se desactivaron programas como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP).

El Poder Ejecutivo ya aumentó en un 14,9% el déficit primario establecido en la ley de Presupuesto

La irrupción de la segunda ola y una inflación que desbordó las expectativas obligó a recurrir a las modificaciones presupuestarias, una práctica habitual de los últimos gobiernos.

En consecuencia, hasta el momento el gasto presupuestado tuvo un incremento de $1.006.144 millones, compensado en parte con un aumento en los ingresos en $888.041 millones, en su mayor parte provenientes de una mayor recaudación de derechos de exportación y, en menor medida, IVA y Ganancias.

Eso representó una desmejora de $118.103 millones en el resultado financiero y de $118.183 millones en el primario, diferencia que surge de un recorte de $80 millones en el pago de intereses.

La OPC precisó que ese mayor déficit “se prevé financiar con un aumento de las fuentes financieras ($161.982 millones), que también se destinarán a financiar aplicaciones financieras (principalmente al incremento de activos financieros)”.

El detalle del impacto fiscal de las siete normas aplicadas a través del Poder Ejecutivo (hubo otra modificación sin impacto fiscal) es el siguiente:

1.- Decisión Administrativa 85/21, publicada el 12 de febrero: aumentó el déficit en 15.006 millones de pesos.

2.- Decisión Administrativa 281/21, publicada el 30 de marzo: aumentó el déficit en 30.671 millones de pesos.

3.-Decisión Administrativa 460/21, publicada el 10 de mayo: aumentó el déficit en 13.994 millones de pesos.

4.- Decisión Administrativa 524/21, publicada el 31 de mayo, con resultado fiscal neutro.

5.- Decisión Administrativa 613/21, publicada el 17 de junio: aumentó el déficit en 10.336 millones de pesos.

6.- Decisión Administrativa 707/21, publicada el 16 de julio: aumentó el déficit en 24.312 millones de pesos.

7.- Decreto de Necesidad y Urgencia 489/21, publicado el 5 de agosto: aumentó en déficit en 23.694 millones de pesos.