El Ministerio de Obras Públicas presentó una demanda para cancelar el acuerdo con Autopistas del Sol
Se trata de una presentación hecha ante la Justicia por disposición del Poder Ejecutivo. El acuerdo estima un reconocimiento de deuda por parte del Estado, una prórroga de la concesión por 10 años y una polarización de tarifas.
El Ministerio de Obras Públicas presentó una demanda para que la Justicia declare nulo el Acuerdo Integral de renegociación con Autopistas del Sol y retomar así el control estatal del peaje de Acceso Norte.
La presentación fue una orden dada por el Poder Ejecutivo y con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación. La misma fue hecha ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal y pretende dar marcha atrás con el decreto firmado en 2018, en pleno gobierno de Mauricio Macri.
El reclamo es para declarar nula la renegociación con Autopistas del Sol S.A (AUSOL) al considerar que obliga al Estado a hacerse cargo de una deuda millonaria, pero también que prevé la dolarización de las tarifas y prorrogar el lapso de la concesión del peaje de Acceso Norte por unos 10 años.
Al firmar el decreto 633/2022 para la presentación judicial con dicho reclamo, también se desconoce el reclamo de la empresa para aumentar en promedio 20 veces el valor actual del peaje en el Acceso Norte, pues “se estaría perjudicando a argentinos y argentinas”, reza un comunicado de dicha cartera.
En la demanda, se pidió una medida cautelar que dicte la Justicia para que el Estado pueda retomar el control del peaje de Acceso Norte. En definitiva, el Ministerio considera que el acuerdo es “lesivo” para los intereses del Estado.
El principal reclamo señalado en la demanda tiene que ver con la deuda que asume el Estado en 2018 por un monto de U$S 813.143.839,52, repartidos entre AUSOL y GCO, Grupo Concesionario Oeste.
Esa deuda, el Estado se comprometió a pagarla durante el Gobierno anterior y mediante cuotas mensuales venciendo las mismas en 2030 y con intereses contemplados que incrementaba el valor original
En ese sentido, el Estado evaluó que de asumir la deuda la concesionaria, ello implicaría elevar el costo de las tarifas en 20 veces más de lo que hoy pagan los usuarios.