El dirigente peronista de Hacemos por Córdoba, Martín Llaryora, que recuperó la intendencia de la ciudad capital para el peronismo durante las elecciones del denominado “mayo negro” radical del 2019, tomó una decisión que trasciende la administración del transporte público de pasajeros e impacta en el mundo político a días de las elecciones PASO.

La decisión dada a conocer el lunes 6 de septiembre implica que la concesionaria ERSA dejará de prestar servicio en las líneas 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36; y en las 80, 81, 82, 83, 84 y 85 de los corredores 3 y 8 del transporte urbano de la ciudad de Córdoba. Decisión que se formalizará en un plazo de 30 días.

La sanción de Llaryora ocurrió por los incumplimientos de la firma, y por el incremento de accidentes producidos en la vía pública que levantaron la indignación de los vecinos de la ciudad. Además, durante la última semana de agosto, el malestar se agudizó por la falta de la Inspección Técnica Vehicular (ITV) en gran parte de la flota de la empresa ERSA.

Ahora bien, ERSA es una empresa correntina que se ha convertido en uno de los grandes jugadores del transporte a nivel nacional que suele participar de las licitaciones en las principales ciudades del interior del país.

Juan Carlos Romero, homónimo del político salteño, es el principal accionista de la compañía con fuertes vínculos con sectores del radicalismo como el que venció en la contienda electoral por la gobernación de la provincia de Corrientes el pasado 29 de agosto y que llevó a la reelección a Gustavo Valdés o el radicalismo que gobernó por dos períodos a la ciudad de Córdoba (2011-2019)  con Ramón Mestre hijo como intendente.

Romero, por el momento, no se da por anoticiado de la decisión municipal. Dice conocerla sólo por los medios de comunicación y, en su entorno, califican a  la decisión de “intempestiva y abrupta” de parte del intendente peronista Martín Llaryora. 

El “jeque correntino”, tal el apodo con el que conocen a Romero en Corrientes por su estilo de vida -que incluye según publicaciones una mansión de 4 millones de dólares en Punta del Este, Uruguay-, viajó de urgencia a Córdoba capital para intentar conseguir una reunión con Martín Llaryora, el “señor de los rodillos” como lo han bautizado desde la oposición radical para criticarlo por su despliegue con obras de pintura en puentes, cordones y distintos espacios públicos de la ciudad de Córdoba.

Romero no gana para sustos. Viene de evitar una quiebra y de alcanzar acuerdos con acreedores de la empresa ERSA en medio de fuertes  protestas gremiales de los choferes por atrasos y falta de pagos de sus salarios.

ERSA Urbano S.A. logró sanear su pasivo mediante una convocatoria de acreedores avalada por la jueza Marina Alejandra Antúnez del juzgado Civil y Comercial Nª 9 de Corrientes. La magistrada informó, el pasado 21 de febrero, que luego de algunas prórrogas de plazos concedidas en el período de exclusividad del concurso preventivo, la empresa logró conseguir las mayorías necesarias de personas y de capital, que se hallaban en Corrientes y en otros lugares del país, obteniendo así el acuerdo de sus acreedores.

Se trató de un proceso que se extendió durante dos años y que comenzó el 11 de febrero de 2019 cuando la sociedad ERSA URBANO S.A. se presentó en concurso preventivo. La compañía se dedica, principalmente, al transporte público de pasajeros de corta y larga distancia, brindando su servicio en Corrientes y en otras provincias como Córdoba, Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Santa Fe, Santiago del Estero, entre otras provincias.

En la región AMBA, el pulpo del transporte también tiene presencia. Romero es el empresario que adquirió las operaciones de las líneas 133 y 140 del grupo Plaza y se las compró a los polémicos empresarios Claudio y Mario Cirigliano. Además, en la ciudad y provincia de Buenos Aires tiene el manejo de la línea 19 y comparte la operación de las líneas 9, 25, 84, 271, 299, 373, 384, 505 y 570.

Cerca del actual intendente cordobés, sus voceros, hablan de una “pesada herencia del mestrismo” y detallaron a NA que “Mestre hijo había sido acusado de realizar negocios con Romero y ERSA al asumir su primer período cuando le sacó al Estado once líneas de colectivos sin licitación alguna, concurso o garantías y se las adjudicó directamente al Jeque Romero”.

Desde el mestrismo, el bloque de concejales de la Unión Cívica Radical (UCR) en el Concejo Deliberante de Córdoba, rechazaron, a través de un comunicado, que la situación en el transporte urbano se deba a la herencia que dejó la gestión de Ramón Mestre Jr.

El comunicado, firmado por el pleno de la bancada que encabeza el legislador Alfredo Sapp, expresa que “el transporte que recibió la gestión de Llaryora contaba con 800 unidades que brindaba el servicio diariamente, con su ITV al día, sino no cobraban los subsidios, un corte de boletos de 700.000 viajes diarios y la flota de transporte con menor antigüedad promedio del país, que incorporó en seis años más de 600 unidades de transporte cero kilómetro”.

Además, el descargo afirma que “el sistema en la actualidad pone en funcionamiento solo 535 unidades de transporte, tiene un corte de 320.000 pasajeros diarios y sus unidades incumplen con la obligación de realizar la ITV cobrando igualmente los subsidios”.

En la  intendencia dominada por la coalición Hacemos por Córdoba sostienen que el mestrismo busca realizar un descargo ante el desastre que es el servicio de pasajeros para los vecinos. Y, afirman que “cuando otorgaron el 75% de los corredores a la empresa de Romero intentaron darle un marco de legalidad adjudicando un cuarto de los corredores viales al Grupo Autobuses Santa Fe que, en realidad, actuaron de pantalla para simular competencia. Tenían vínculos con la ERSA de Romero. Hay que anotar que en 2017, Mestre le quita las líneas que manejaba el Grupo Autobuses Santa Fe y se las pasa a ERSA que comenzó en Córdoba con 11 líneas y hoy posee 42”.

La polémica se metió en las declaraciones de los precandidatos de la oposición de Juntos por el Cambio que tendrán una dura contienda el domingo 12 de septiembre. Rodrigo de Loredo, actual concejal y precandidato a diputado nacional, aseguró, “…difícilmente se logren resultados aplicando recetas viejas que ya fracasaron. Esta situación crítica del transporte urbano era absolutamente previsible. Hace más de un año que el sistema está en jaque, lógicamente agravado por el contexto de la pandemia”, afirmó el edil. Y, agregó: “El municipio debió anticiparse y reestructurar el servicio de transporte público para licitar los corredores que no estaban funcionando correctamente, procurando la participación de más prestadores”.

La pregunta es quien operará los corredores que ERSA perderá en breve. En principio desde la municipalidad cordobesa afirmaron que “se intentará redistribuir y equilibrar el servicio de transporte urbano. Desde el municipio se invertirán $ 800 millones que se utilizarán en la compra de 50 nuevas unidades de transporte que se sumarán a otros 30 adquiridos previamente por Tamse”.

Tamse es la sigla de la empresa Transporte Automotor Municipal Sociedad del Estado. Es una empresa perteneciente a la Municipalidad de Córdoba que empezó a funcionar en el año 2004 durante la intendencia de Luis Juez y desde el año 2020 ha logrado trascender el servicio de trolebuses que ofrece en la ciudad hacia la incorporación de más líneas y recorridos como los dos que, seguramente, sumará a partir de octubre.