En el segundo semestre del año vence el plazo de concesión de cinco represas hidroeléctricas y el Gobierno trabaja en que las mismas vuelvan a manos del Estado para que sean operadas conjuntamente con las provincias. La noticia despertó la alerta de los presentes, entre los que figuraban algunos operadores que podrían quedar afuera del negocio. 

De hecho se generaron encuentros fuera de agenda con la secretaria de Energía Flavia Royón para aclarar la incertidumbre que generó esta decisión. "No es un negocio rentable", reconocieron en off the record, pero resaltaron la necesidad de estar presente en las distintas aristas de la generación energética.

Uno de los aspectos que se recalcó fue que las fuentes de trabajo (hoy generados por operadoras privadas) no se verían afectados por la estatización de las represas. 

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Fuentes de la Secretaría de Energía de la Nación indicaron que “la línea de acción es que volverían al Estado nacional, pero queremos un esquema para las provincias”, al tiempo que rechazó la posibilidad de prorrogar las concesiones durante un año una posibilidad con la que se especulaba. 

Neuquén y Río Negro tienen la mirada puesta en esa definición, ya que a partir de agosto empiezan a vencer los contratos de varias represas del Comahue. 

Se trata de los complejos hidroeléctricos de Alicurá (1.000 Mw) actualmente operada por la empresa AES Argentina; El Chocón (1.200 Mw) y Arroyito (120 Mw), a cargo de la firma Enel Generación; Planicie Banderita (450 Mw), operada por Oroazul Energy; y Piedra del Águila (1.400 Mw), a cargo de Central Puerto, todas con vencimiento de concesión previstos para el segundo semestre.

Estas centrales produce un 20% del total, indicaron operadores consultados durante el evento.