El secretario de Transporte, Diego Giuliano, anticipó hoy que la licitación para la explotación de la Hidrovía Paraná-Paraguay prevé "la participación pública en coordinación con lo privado".

El objetivo es modernizar el funcionamiento de la ruta fluvial de 1.635 kilómetros, que permite salir al océano a distintos tipos de embarcaciones de carga.

"La participación de lo público en relación y en coordinación con lo privado es la mejor manera de sostener esta vía navegable y ése será el espíritu en el diseño de la licitación nacional e internacional para su explotación", señaló el funcionario en declaraciones radiales. 

Según se prevé, será establecido el procedimiento para la eventual revisión de tarifas o peajes, contemplando la participación u opinión de los usuarios, entidades representativas de los sectores afines y obligados al pago.

Giuliano dejó en claro que el nuevo esquema de explotación de la Hidrovía incluye la participación de las "universidades, las provincias a través del Consejo Hídrico Federal, la bicameral del Congreso Nacional y un ente nacional que se encargará del peaje".

Administración estatal por un año

El decreto 427/2021 fijó condiciones para la prestación del servicio por parte de la Administración General de Puertos (AGP), como un plazo de duración de 12 meses, prorrogable.

En cuanto a la participación del sector privado, el secretario se mostró en favor de una Hidrovía "moderna, con incorporación de tecnología y con inversiones en marina mercante".

Durante los próximos doce meses, de acuerdo con lo estipulado por el decreto 427/2021 publicado este jueves en el Boletín Oficial, la Hidrovía quedará bajo control de la AGP que tendrá la responsabilidad del mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado y redragado, y el correspondiente control hidrológico.

En este período, la AGP "deberá contratar a una empresa pública o privada para la tarea de dragado y balizamiento", señaló.  

El decreto también fijó condiciones para la prestación del servicio por parte de la AGP, como un plazo de duración de 12 meses, prorrogable hasta la toma de servicio por parte de quién o quiénes resultaren adjudicatarios de la licitación, y el establecimiento de la base tarifaria y el mecanismo de financiamiento de la misma por tarifa o peaje que percibirá la Administración.

Además, deberá determinar la delimitación de los ríos, canales, zonas, tramos, trazas y secciones en las que se conformará o segmentará la Vía Navegable Troncal, para que los tramos en cualquier momento se puedan afectar o desafectar respecto del alcance y el objeto del contrato, total o parcialmente, en relación con los distintos servicios que se prestan en los mismos.

También se deberá establecer el proceso para la eventual revisión de tarifas o peajes, contemplando la participación u opinión de los usuarios, entidades representativas de los sectores afines y obligados al pago.