El Gobierno pide información social y económica a cooperativas y mutuales
La presentación de los informes será condición esencial para la emisión del Certificado de Vigencia Institucional.
El Gobierno oficializó hoy los esquemas de formularios que deberán utilizar las cooperativas y mutuales para brindar informes socioeconómicos en forma periódica al Estado. La medida fue oficializada a través de la Resolución 189/2021 del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo Social que ejerce las funciones que le competen al Estado en materia de promoción, desarrollo y control de la acción cooperativa y mutual.
Las cooperativas y mutuales deberán aportar datos como identificación; localización y tamaño; apertura de base social; no discriminación; participación de los asociados en órganos de gobierno (asamblea, consejo de administración o directivo y sindicatura o fiscalización); apertura y movilidad en órganos de dirección y control, entre otros.
El cumplimiento de los informes socioeconómicos reviste el carácter de Declaración Jurada y deberán ser remitidos al INAES, mediante el sistema de Trámites a Distancia (TAD) o por otro medio que determine el organismo, durante los seis meses posteriores al cierre de cada ejercicio económico.
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En el artículo séptimo de la resolución se aclaró que la presentación de los informes será condición esencial para la emisión del Certificado de Vigencia Institucional establecido en la Resolución INAES N° 1058/2016.
Lo establecido en la resolución de este miércoles es un avance para conocer la situación de cooperativas y mutuales; con la Resolución 1437/2020 se había dispuesto que estas entidades reguladas debían completar y enviar la información estadística requerida.
El Instituto consideró que los principios y valores cooperativos y mutuales imponen requisitos básicos de su funcionamiento, de los que han surgido los antecedentes referidos al Balance Social Cooperativo (BSC) y Reporte Social Mutual (RSM).
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Según el INAES, tomó esta decisión porque se propone estimular la implementación, seguimiento y evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el sector de la economía social, en base al acuerdo suscripto con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) y las confederaciones de mutuales y cooperativas.
Con esta información el Estado buscará relacionarse mejor con las entidades, sus federaciones y confederaciones; elaborar planes y programas, su control, evaluación y seguimiento en esos aspectos; y vincularse con otras agencias del Estado nacional, provincial y municipal, en las que se planeen y ejecuten programas en las que Cooperativas y Mutuales puedan tener participación.
También el Instituto se propone informar, colaborar, cooperar e integrarse a otros sistemas institucionales de la sociedad civil que promueven el desarrollo humano, de conocimiento, económico, social y ambiental del país y sus ciudadanos en un ámbito solidario. Y comparar el aporte de las entidades de la Economía Social y Solidaria (ESS) con el resto del sistema económico-social, tanto en el ámbito micro como macroeconómico.