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El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, había anunciado en febrero que cinco corredores viales con unos 3.373 kilómetros de rutas que estaban concesionados a manos del Estado iban a volver a manos de la Dirección Nacional de Vialidad.

La semana pasada el funcionario dijo que tras negociaciones con los concesionarios hubo un mutuo acuerdo para dar de baja los contratos sin que esto dispare litigios contra el Estado nacional en el futuro.

La mayoría de las concesionarias habían comprometido inversiones a través de proyectos de Participación Pública y Privada (PPP) durante el macrismo, pero casi cuatro años después sólo habían desarrollado el 2% de lo comprometido, según fuentes oficiales consultadas por la agencia NA.