Por Lucio Di Matteo

Una vez encaminado el tratamiento legislativo de la moratoria y la ampliación del Presupuesto Nacional 2020, los diputados del Frente de Todos insistirán con el llamado "impuesto a los ricos", que en realidad hasta ahora no tiene estado parlamentario, sino que sólo se conocen algunos de sus detalles. Por ejemplo, que sus principales impulsores e ideólogos son Carlos Heller y Máximo Kirchner.

Para ello, en el kircherismo aseguran que antes deberán tener -por lo menos- dictamen de comisión en el proyecto de moratoria (se consiguió ayer) como en la ambiciosa ampliación del Presupuesto 2020 (se cayó la sesión de comisión de hoy, intentarán aprobar el dictamen mañana). "Cuando hayamos dado esos dos pasos, presentaremos el proyecto de ley del aporte extraordinario. Está planteado como el tercer paso, con moratoria y presupuesto antecediéndolos", anticipó a NA una fuente del Frente de Todos.

La base imponible del proyecto rondará los $ 200 millones, o una cifra cercana a los 3 millones de dólares al tipo de cambio oficial. La alícuota mínima estará en el 1,5% o el 2%. De esta forma, una persona cuyo patrimonio es del mínimo imponible, deberá realizar un aporte extraordinario de $ 3 millones (si la alícuota es de 1,5%) o $ 4 millones (si llega a dos puntos). A medida que el patrimonio crezca la alícuota será mayor, llegando al 3% o 3,5%.

Para minimizar su impacto, los impulsores del proyecto señalan que son alrededor de 11.000 argentinos (sobre un total de 45 millones) los que deberán enfrentar este impuesto, y juran que es por única vez, de allí que insistan con el concepto de "aporte extraordinario". Las fuentes consultadas afirman que "no se trata de mostrar la cara de los ricos ni nada por el estilo, sino de generar el consenso que nos servirá para enfrentar la agenda y las necesidades pos-pandemia". E insisten que "no es una bandera ideológica, sino una respuesta a la crisis económica que generó la pandemia del COVID-19".

Según señaló el propio Carlos Heller, redactor e impulsor del proyecto, si se vuelve ley aportará una recaudación extra de u$s 3.000 millones. En cuanto a las aplicaciones del dinero recaudado, el proyecto de ley propondrá cuatro: compra de aparatos médicos para hospitales públicos, urbanización de barrios populares (históricamente llamados villas), incentivos para pequeñas y medianas empresas, proyectos de gas a través de YPF.

La pretensión del oficialismo es que el proyecto sea presentado a comienzos de agosto (la semana próxima o la siguiente), se transforme en ley durante septiembre, y sea cobrado a partir de octubre. Las dudas no son con respecto al cronograma, sino sobre su implementación. Por ejemplo, si los inmuebles de los 11.000 argentinos más ricos se tomarán al valor fiscal o de mercado. O si la actual conducción de la AFIP, que no muestra aceptables resultados de recaudación, es la más apta para cobrar un impuesto extraordinario.