Con una fuerte señal al campo, el Gobierno presentó hoy el proyecto para el desarrollo agroindustrial y destacó la necesidad de hallar "puntos de encuentro" entre todos los sectores.

El presidente Alberto Fernández encabezó la presentación junto a la vicepresidenta Cristina Kirchner; el jefe de Gabinete, Juan Manzur; y el ministro de Agricultura, Julián Domínguez.

El jefe de Estado destacó que el proyecto de ley de Fomento al Desarrollo Agroindustrial es el "resultado de escucharnos y buscar puntos de encuentro, y ver cómo conciliamos intereses".

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Por su parte, Domínguez subrayó que la iniciativa brindará un "impulso a la industrialización a través del agregado de valor en origen".

El ministro de Agricultura afirmó que el proyecto "encarna la participación de todos los intereses de la cadena agroindustrial".

Su elaboración fue consensuada con mas de 60 entidades agropecuarias, con el objetivo de incrementar la inversión, sumar producción y el agregado de valor y generar empleo y mayores exportaciones.

El presidente de CIARA y CEC, Gustavo Idigoras, señaló que la ley de inversión agroindustrial "viene a generar empleo en las provincias y a mejorar la calidad de vida de muchos argentinos y argentinas".

"Este tipo de leyes es el mejor camino para transformar nuestro país y sacarlo de la crisis que vivimos", dijo Idigoras a la agencia NA.

En tanto, Domínguez destacó la "obligación de cuidar el interés general y la seguridad alimentaria de los argentinos". 

El ministro señaló la responsabilidad de "administrar con inteligencia los saldos exportables del sector". 

La cadena se comprometió a "generar empleo decente, unos 700 mil nuevos puestos directos e indirectos de empleo para 2030", destacó.

La iniciativa, promovida por el Consejo Agroindustrial Argentino y respaldada tanto por el Gobierno como por la oposición, busca beneficiar a la producción agropecuaria y agroindustrial de las 24 cadenas de valor del país.

Según el proyecto, el Régimen comenzaría a aplicarse de manera retroactiva desde enero de este año, con vigencia hasta diciembre de 2030.

La norma prevé la amortización acelerada en tres años -actualmente es en diez años- o acorde al tipo de inversión en cada sector del agro (por ejemplo, en la olivicultura es de 40 años).