El gobierno de la provincia de Buenos Aires que conduce Axel Kicillof comenzó a enviar notificaciones a cientos de empresas -principalmente grandes contribuyentes- para que paguen un millonario anticipo adicional del impuesto a los ingresos brutos antes del próximo 8 de marzo, con el que espera recaudar unos $155.000 millones.

En la agencia ARBA imaginan que existe la posibilidad de que antes de que se termine el corto plazo, algunas empresas decidan judicializar la reglamentación del artículo 136 de la ley 15.479 (la ley impositiva para 2024), que determinó que esa nueva erogación tiene que abonarse antes del viernes de la semana que viene en una cuota. 

En la agencia recaudadora estimaron que se cobrará a 254 empresas que aportarán $155.000 millones. 

La falta de actualización del Fondo del Conurbano, la quita de dinero para los subsidios a transporte y educación, o la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal, bajó los envíos de la Nación a la provincia.

Para afrontar esta merma de ingresos, se busca que las empresas paguen anticipos. ARBA advirtió que quienes incumplan con este pago serán incluidos “en la máxima categoría representativa de riesgo fiscal”. 

Además, las deudas correspondientes al anticipo adicional, sus intereses, accesorios y multas no podrán ser regularizadas mediante los planes de pago previstos en la resolución normativa 36/23.

El monto a pagar por estos contribuyentes equivaldrá a cuatro veces el importe del anticipo de Ingresos Brutos correspondiente a octubre de 2023. 

Para quienes no hubiesen presentado declaración jurada o informado ingresos en ese mes, el adicional se calculará multiplicando por cuatro el importe del último anticipo no prescripto, incrementado en un 70%, se informó.

La Unión Industrial Argentina (UIA), la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires (Uipba) y la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires (Adiba) expresaron en las últimas horas su “grave preocupación” por la decisión de la agencia recaudadora.

“La recuperación económica de nuestro país debe necesariamente surgir del desarrollo productivo con generación de empleo formal y los incrementos de la presión tributaria y/o de la carga financiera al sector productivo dificultan el cumplimiento de este objetivo”, advirtieron.

La norma publicada toma como base la facturación solo de octubre 2023 multiplicada por cuatro, lo cual significa que no contempla el impacto de la recesión que afecta la actividad industrial que fue de -5,6% contra el tercer trimestre del mismo año mientras que en los primeros meses de 2024 se evidencia una caída superior. 

La medida implica además quita capital de trabajo a la industria en momentos de caída de la actividad, indicaron en un comunicado.

“El Estado provincial manotea recursos de las empresas que generan más empleo privado, afectando la inversión por cambio en las reglas del juego. Siempre se les ocurre castigar al contribuyente en lugar de ordenar el gasto”, cuestionó Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero. 

“Nadie debería pagarle nada a este impresentable de Axel Kicillof. ¡Rebelión fiscal ya! ¡Bajen el gasto público!”, posteó el diputado José Luis Espert en la red social X.

“La provincia de Buenos Aires, en enero, por coparticipación recibió $510.575 millones, algo así como un poco más de medio billón. Es bueno apelar a que cada gobierno provincial analice en qué está gastando. La estructura ministerial es el doble en la provincia de Buenos Aires que en el gobierno nacional”, señaló el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Desde el gobierno bonaerense, el titular de ARBA, Cristian Girard, dijo que están "ejerciendo una facultad conferida por la ley impositiva 2024, aprobada por la legislatura en diciembre del año pasado, que previendo que este podía ser un año de alta incertidumbre y financieramente complejo contempló la posibilidad de disponer un anticipo adicional sobre Ingresos Brutos”.

“Tengamos presente que en la Provincia de Buenos Aires tenemos un total de dos millones de CUITs activos, de modo que las empresas alcanzadas son apenas el 0,01%. Todo eso está explicitado en la RN 11/2024 de ARBA”, agregó el funcionario.

“Con el fin de no generar una acumulación de saldos a favor como consecuencia de la medida, la existencia de saldos a favor será neteada del monto total a pagar y que el crédito generado por el anticipo podrá ser utilizado para la cancelación de anticipos vencidos o por vencer. Por último, y esto es fundamental, la norma establece que aquellas empresas que cumplan con el anticipo serán incluidas en los padrones de todos los regímenes de recaudación del impuesto sobre los Ingresos Brutos con alícuotas morigeradas, para acelerar la absorción del crédito generado por el anticipo”, afirmó.

Por su parte, el tributarista César Litvin, advirtió que la medida de Kicillof obliga a las empresas a pagar "un anticipo que no estaba planificado. En la mayoría de los casos genera un saldo a favor que lo van a poder recuperar a largo plazo sin devegamiento de intereses o actualización. Y en una situación en el que el nivel de ingresos de las empresas está bajando por la recesión. Va a representar un perjuicio económico”.

“El contribuyente pasa a ser acreedor del fisco, que en vez de bajar el gasto público se financia a tasa cero con un crédito del contribuyente que se erosiona con la inflación”, advirtió. Y dijo que la medida se toma muy cerca de la fecha de pago para evitar las cautelares.

“La ley ha delegado en ARBA la posibilidad de determinar uno de los aspectos más importantes en un impuesto: quién es el que lo debe pagar. Y lo puede hacer sobre la base de parámetros muy difusos, a punto tal que los obligados se enterarán de que lo son cuando sean notificados electrónicamente, y a escasos días de la fecha de pago”, señaló en tanto el abogado tributarista Diego Fraga.

“Se viola en primer lugar el principio más sagrado en materia de tributación, que es el de legalidad o reserva. No llega a ser siquiera un empréstito forzoso porque el objetivo del gobierno provincial es sustraer el dinero de algunas empresas y licuarlo con la inflación hasta el momento en que puedan utilizar los saldos que les generen. La inclusión de quienes no abonen el anticipo en la máxima categoría de riesgo fiscal durante 12 meses es una sanción sin posibilidad de defensa. Esto se incluye para evitar que se cuestione la medida judicialmente e implica que, de incluirse en dicha categoría, al contribuyente se le aplicarán salvajes retenciones y percepciones, generándole saldos a favor irrecuperables”, indicó.