El gobierno cayó en la cuenta de lo que le costó emitir en una conferencia de prensa en Casa Rosada la palabra expropiación. El caso era la empresa del agro Vicentin pero, la sola mención del verbo preferido del extinto Presidente venezolano Hugo Chávez, generó la primera crisis importante en la administración del Frente de Todos.

De hecho, en el caso de la compañía santafesina primero se hablo de expropiación, luego de salvataje, después de crear un fideicomiso y, finalmente, se acordó avanzar en una capitalización de la deuda que fue aprobada por el Presidente.

La banca pública, la más afectada por la cesación de pagos y por la presentación en convocatoria de acreedores de la empresa, mostró su apoyo a través de sus directores a las propuestas de productores y acopiadores damnificados para recuperar la compañía. Se capitalizarán sus acreencias, se desplazarán los actuales directores y se intentará generar una reactivación de Vicentin bajo la dirección de los propios acreedores.

El respaldo del Banco Nación; del trabajo y de los granos de los productores y la convergencia política de los funcionarios de Alberto Fernández y del gobernador Omar Perotti lograron terminar con la crisis política producto de la propaganda y difusión de una palabra que produce reacciones encontradas: expropiación. 

El lunes 15, Vicentin, con un concurso de acreedores de más de 1300 millones de dólares, se puso nuevamente en marcha tras estar un año parada. Comenzó a funcionar la planta de molienda de girasol en Ricardone, en el departamento de San Lorenzo en la provincia de Santa Fe.

Con este resultado positivo como experiencia el gobierno avanzará en el control de la empresa IMPSA.

La ex Industrias Metalúrgicas Pescarmona, una compañía simbólica del capitalismo industrial nacional, atraviesa un período de reestructuración de su deuda con distintos acreedores que culminó el 16 de marzo, cuando en una reunión de asamblea de accionistas, se autorizó la emisión de nuevas acciones por un total de 20 millones de dólares. Ahora bien, es en este proceso donde la administración de Alberto Fernández intercederá. Hasta el momento, en los despachos de Casa Rosada, se avanza con la idea de suscribir estas acciones de manera mayoritaria y, ceder un 20% aproximadamente, a la gobernación mendocina.  

La emblemática compañía que hasta el 2017 perteneció a la familia Pescarmona hoy está en manos de entidades bancarias y financieras acreedoras y se convertirá, prácticamente, en una firma estatal y en su directorio estarán representados funcionarios nacionales y el gobierno de Mendoza se asegurará un lugar.

Según resolvió la asamblea celebrada este martes 16, los accionistas, que son los ex acreedores de Pescarmona, aprobaron, por unanimidad, el aumento de capital de hasta 1872 millones de pesos, es decir, el equivalente a u$s 20 millones, al tipo de cambio comprador divisa publicado por el Banco Nación el lunes 15. Estas acciones serán de clase C y, con esta categoría, podrán ser ofertadas para que el Gobierno nacional y el provincial puedan suscribirlas a través de los organismos que se designen a tal fin. La información oficial ya consta en la Comisión Nacional de Valores.

La empresa mendocina diseña y fabrica en Cuyo las nuevas turbinas de la central hidroeléctrica de Yacyretá, los aerogeneradores del Parque Arauco en la provincia de La Rioja, equipamientos para la central hidroeléctrica El Tambolar en la provincia de San Juan, equipamientos para YPF y la fabricación del primer reactor nuclear argentino para generación de energía, el CAREM. Pero entre estos proyectos sobresale en carpeta el principal. La denominada "obra del siglo" en Mendoza.

La normalización de IMPSA será un aval importante para la concreción de la obra hidroeléctrica que se llevará a cabo con el aporte de la empresa china Sinohydro que ha conformado una UTE (Unión Transitoria de Empresas) junto a IMPSA; Obras Andinas S.A. del empresario Omar Álvarez que en algunos círculos empresariales relacionan con José Luis Manzano; y CEOSA del inversor Fernando Porreta que tiene experiencia en haber participado de licitaciones entre los años 2010 y 2015.

Portezuelo del Viento o "la obra del siglo" es política de estado para los mendocinos. Es uno de los pocos puntos donde coinciden los radicales del gobernador Rodolfo Suárez y la oposición kirchnerista que encabeza la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, la misma política que elaboró el proyecto de expropiación de Vicentin, anunciado junto al ministro Matías Kulfas y el presidente Alberto Fernández en la citada conferencia de prensa en Casa Rosada.

Acerca de la importancia de Portezuelo del Viento no hay dudas en Fernández Sagasti. “Siempre estuvimos de acuerdo en que es una obra trascendental, en la que todos los mendocinos y mendocinas estamos ilusionados, eso lo sabemos todos", explicó en declaraciones periodísticas.

Acaso el que no esté del todo convencido es el ministro de Interior, Wado de Pedro. El lunes se reunió el COIRCO, el comité del río Colorado, que reúne a representantes de cinco provincias y donde La Pampa viene desarrollando una importante actividad para retrasar todo lo que se pueda la obra de la represa hidroeléctrica. 

En el encuentro se propuso la creación de una comisión para el estudio de impacto ambiental, que debería dictar sus propios reglamentos internos y procedimientos específicos. Pero el ministro de Gobierno mendocino, Víctor Ibáñez, se opuso: “Esa comisión propuesta no puede adoptar decisiones", aseguró. Y explicó a través de un tweet, "se está colocando a esa comisión en un lugar que no debe estar, con atribuciones que no le corresponden".

Lo cierto es que el peronismo de La Pampa logró encontrar en un sector del gobierno nacional un aliado para retomar su reclamo. Especialmente, desde la construcción de El Nihuil, donde los pampeanos sienten que han sido afectados. El embalse El Nihuil es un lago artificial formado sobre el río Atuel en el sur de la provincia de Mendoza y es la represa más grande de esa provincia en la actualidad.

Sin embargo, a pesar del planteo del ministro Wado de Pedro de crear una nueva comisión que dilataría el proyecto, los funcionarios de Presidencia de la Nación avanzan con la idea de realizar una obra en la que están comprometidos capitales chinos. Algunos datos para tener en cuenta. Financiamiento de la obra. La Nación continúa enviando a Mendoza los fondos correspondientes al acuerdo que alcanzarán los 1023 millones de dólares en el año 2024. La quinta cuota del financiamiento comprometido por el Estado nacional se hará efectivo el 28 de marzo y superará los 29 millones de dólares.

El proyecto Portezuelo del Viento es una rara avis en medio de la pandemia y de las restricciones a la circulación de divisas. Desde que comenzó el año el proyecto ya tiene en su haber 55,6 millones de dólares transferidos desde la Nación.

Finalmente, un dato que no es menor, en la ciudad de Beijing, China, el embajador Sabino Vaca Narvaja trabaja en la concreción de 15 proyectos fundamentales que implican inversiones millonarias de ese país asiático. La idea del embajador es reforzar la alianza estratégica integral con China que firmaron, en el año 2014, Cristina Kirchner y Xi Jiping. 

Uno de esos proyectos es Portezuelo del Viento y el presidente Alberto Fernández quiere tener todos los papeles en regla para su viaje a China el próximo 5 de mayo. La capitalización de uno de los socios de la UTE que deberá construir la represa, por haber sido la única propuesta que se presentó al concurso, es un paso fundamental. El saneamiento de IMPSA ya es una cuestión de Estado.