El Gobierno autorizó a la empresa AySA a refinanciar una deuda por US$500 millones, que había contraído en 2018 y cuyo vencimiento opera el año que viene. Así lo dispuso la el Ministerio de Obras Públicas a través de la Resolución 399/2022, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

De este modo, la compañía podrá realizar todas aquellas transacciones necesarias a efectos de refinanciar sus obligaciones negociables emitidas el 1° febrero de 2018, por un valor nominal de US$500 millones, con vencimiento en 2023, a una tasa de interés fija de 6,625% nominal anual.

La renegociación de ese pasivo puede incluir la emisión y oferta pública de nuevas obligaciones negociables, de acuerdo con lo dispuesto.

El Poder Ejecutivo recordó que en 2017, AySA fue autorizada a obtener financiamiento por hasta US$1.000 millones, y al año siguiente la empresa suscribió un contrato de fideicomiso a través del cual emitió la mitad de ese monto, que ahora busca refinanciar.

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Durante el mes pasado, el Banco Central extendió hasta el 31 de diciembre de 2023 la obligación de refinanciación de vencimientos de capital de pasivos en moneda extranjera.

En consecuencia, AySA solicitó al Ministerio de Obras Públicas la autorización para renegociar el vencimiento de esos US$500 millones, "con el objetivo de garantizar una administración eficiente de los recursos y de lograr una adecuada gestión de pasivos".

La empresa consideró que la gestión del pasivo requerida podría consistir en una oferta de canje, una solicitud de consentimiento y/o una combinación de ambas, junto con la posibilidad de utilizar mecanismos que permitan obtener un mayor porcentaje de adhesión, incluyendo la instrumentación de un acuerdo preventivo extrajudicial, dirigida a los tenedores de las obligaciones negociables existentes, junto con la eventual suscripción de una enmienda al contrato de fideicomiso, la suscripción de cualesquiera nuevos acuerdos y la emisión y oferta pública de nuevas obligaciones negociables, de acuerdo con la Resolución.

"Es interés primordial del Estado Nacional velar por el normal funcionamiento operativo, económico y financiero de Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima, para asegurar la regular y continua prestación del servicio público de provisión de agua potable y colección de desagües cloacales, permitiendo la realización de las inversiones que sean necesarias dentro de las áreas concesionadas, así como afrontar sus compromisos financieros asumidos", justificó el Gobierno.