El gasto público cayó 11,3% en la cuarta semana de febrero respecto a igual período del año pasado y 35,1% comparado con la última semana de enero, según un estudio privado.

El principal recorte se observó en las transferencias a las provincias que se desplomaron 77,2% en comparación con el mismo período de 2022.

Asimismo, el informe de la consultora Analytica observó una disminución de 35,9% en partidas para asignaciones familiares y AUH y de 32,2% en la obra pública.

En tanto, en bienes y servicios se verificó una contracción de 15,6% y en gastos de personal hubo una poda de 9,6%.

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Por su parte, el gasto en jubilaciones y pensiones cayó 8,1% con relación a la cuarta semana de febrero del año pasado.

Los programas sociales registraron un alza de 1,2%, mientras que el mayor aumento se produjo en subsidios económicos que avanzó 19,5%.

Dentro los subsidios económicos, el mayor aumento se dio en los destinados al transporte, en particular, $44.000 millones al sistema ferroviario y $41.520 millones a los colectivos.

A su vez, hubo un aumento en el gasto en obra pública, principalmente mediante transferencias de capital a IEASA por $19.000 millones.

El trabajo de la consultora busca evaluar el grado de consolidación fiscal que anunció el ministro de Economía, Sergio Massa, al asumir el cargo.

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La dinámica decreciente del gasto público es un factor determinante para cumplir con la meta de déficit fiscal de 1,9% de PBI planteada en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La caída de ingresos que supone el efecto de la sequía, a lo que se suma el cierre de exportaciones por la gripe aviar, pone en jaque las cuentas públicas y obligará al Palacio de Hacienda a seguir afinando el lápiz para cumplir con lo pactado.