Si bien el gobierno sostiene que continúan las negociaciones con el FMI, circula cada vez con mayor insistencia en el mercado financiero la sospecha de que un eventual acuerdo quedará para después de las elecciones de noviembre próximo, o incluso el 2022.

Quienes toman decisiones de inversión consideran que la posibilidad de acordar con el organismo es inversamente proporcional al acercamiento de las legislativas de medio término.

"El Gobierno va perdiendo incentivos para acordar con el Fondo, más teniendo en cuenta que la sociedad argentina siempre interpretó a esos convenios como un camino al ajuste, y eso es pianta votos en campaña", indicó a la agencia NA un ejecutivo del sistema financiero con llegada directa a Wall Street.

Con un gasto social que ya se disparó a los $1.000 millones diarios, el Gobierno vería más como complicación que rédito, un acuerdo con el Fondo Monetario.

"Hacer acuerdos con el FMI nunca sumó votos para ningún gobierno. Tal vez sí lo hizo la decisión de Néstor Kirchner de pagar todo lo adeudado y sacárselo de encima, en el 2005", analizó un politólogo que asesora a encumbrados dirigentes de la oposición.

A tres meses de las PASO, ese mismo politólogo ya tiene una primera proyección: victorias amplias del oficialismo en provincia de Buenos Aires, el norte (con la posible excepción de Jujuy) y la Patagonia; pérdidas irremontables en CABA, Córdoba y Mendoza; y resultado abierto en Santa Fe y Entre Ríos.

También desliza un cálculo de bancas: el Frente de Todos sumaría más presencia en el Congreso, aunque sin llegar al ansiado quórum propio.

Mientras la oposición empieza a acomodar a sus alfiles para tratar de alcanzar el mejor resultado posible, los mercados continúan mirando con lupa la relación del ministro Martín Guzmán con el ultra kirchnerismo.

Es que la expectativa de Guzmán de profundizar la baja del gasto público que logró colar en el primer cuatrimestre, comenzó a chocar con la "realpolitik", la cual sostiene que en un escenario de altísima pobreza y desempleo, las políticas de ajuste suelen conducir a derrotas seguras.

Por eso los operadores del mercado consideran que el Gobierno se inclinará finalmente por dejar la renegociación de deuda con el FMI para el 2022.

"Sin triunfo electoral en 2021, se complicará el 2023", sostienen los partidarios de esta lectura, que hasta ya vislumbran las internas feroces que podrían dispararse dentro de dos años en el seno de la coalición oficialista, para mantenerse en la Casa Rosada.

La perspectiva de una postergación del acuerdo con el Fondo tiene en cuenta también que la refinanciación de esa monumental deuda por unos US$ 45.000 millones requerirá sí o sí por parte del organismo el pedido de un recorte de gastos, o un aumento sólido de la recaudación, ambos condicionantes para cualquier intento de mejora del escenario fiscal.

Si bien el Fondo Monetario dijo mantener conversaciones "constructivas" con la administración de Fernández, con la Argentina azotada por el coronavirus -se está al borde de los 90.000 muertos y hubo ya casi 4,3 millones de contagios-, y su dirigencia política ya en campaña, las chances de avanzar en un acuerdo son cada vez más remotas.

Una fuente cercana al ministro Guzmán le dijo a NA que las negociaciones "continúan", pero ratificó el concepto de que "antes que un acuerdo rápido, el gobierno prioriza alcanzar una buena renegociación", sin más detalles.

Un informe que llegó de Wall Street esta semana calcula que el gobierno ya reunió los fondos necesarios para hacer frente a los vencimientos de deuda con el FMI de este año, por casi US$ 4.600 millones.

Y que, con ese fin, echará mano incluso a los US$ 4.400 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG) que el Fondo aportará para engrosar las reservas, una medida que será aprobada esta semana por la conducción del organismo, aunque la operación se concretaría recién en agosto.

Así, el gobierno parece estar dispuesto a tomar los dólares acumulados este año por el Banco Central para hacer frente a los vencimientos.

Y, según su lógica, no debilitaría las reservas, ya que esos fondos serán reemplazados por los DEG aportados por el organismo multilateral, que en definitiva constituyen un asiento contable que, a los fines de mostrar robustez, puede terminar siendo útil.

Los derechos de giro forman parte de un aporte global de fondos que hará el FMI para combatir la pandemia. 

La Argentina se vio beneficiada en el primer semestre por los altos precios de los commodities, que permitieron al Banco Central adquirir un saldo neto de divisas superior a los US$ 4.000 millones.

Esa aplicación del eventual ingreso de divisas por ampliación de los DEGs había sido reclamada por el bloque kirchnerista en el Congreso.

El gobierno coincidió finalmente con esa postura, aunque es seguro que recibirá cuestionamientos, ya que técnicamente se trata de fondos destinados a luchar contra la pandemia, y no a repagos de deuda con el propio Fondo.

Pero cuando la realidad apremia, los tecnicismos, se sabe, son dejados de lado.