El déficit primario del primer semestre fue de $473.102 millones, con una reducción interanual nominal del 47,9% y real del 64%, en una mejora impulsada por “una caída real en el gasto de la Administración Pública Nacional, fundamentalmente en jubilaciones y salarios públicos”, informó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

El informe de la entidad se da a conocer a modo de anticipo del que el Ministerio de Economía tiene previsto difundir el próximo martes 20 de julio, aunque las cifras pueden diferir por tratarse de diferentes metodologías y, en el caso de la OPC, ser neto de utilidades del Banco Central, que fueron mucho más voluminosas en el primer semestre del año pasado.

Días después de que el presidente Alberto Fernández anunciara el pago en agosto de un bono de $5.000 para jubilados y pensionados que perciban hasta dos haberes mínimos, la OPC remarcó que la mejora del resultado primario, tanto en términos nominales como reales, obedeció principalmente a que los gastos primarios del semestre ($3.873.331 millones) “se contrajeron 7,3%”.

Esa caída, explicó, se debió “fundamentalmente, por la caída de jubilaciones y pensiones (9,6%) y salarios públicos (5,0%), pero también debido a que las erogaciones destinadas a la emergencia sanitaria fueron inferiores en la comparación con el primer semestre del año pasado”.

Para la OPC la caída real del gasto en jubilaciones se originó en “la actualización de los haberes y la tasa de inflación”, al punto que los dos ajustes trimestrales del 8,07% en marzo y 12,12% en junio, más los pagos extraordinarios de $1.500 en abril y mayo para los haberes más bajos no fueron suficientes para neutralizar la suba de los precios.

Por el contrario, “el poder de compra de los jubilados que cobran el haber mínimo registró una caída real de 13,6% (-8,9% en la comparación junio contra junio)”, aseguró la entidad dirigida por Marcos Makón.

En junio, los ingresos totales alcanzaron a $719.217 millones, con un incremento nominal interanual del 80,2% y real del 20%, en tanto los gastos primarios (sin incluir servicios de la deuda pública) fueron de $1.023.929 millones, con un aumento nominal del 47,9% y una baja en términos reales de 1,5%.

En cuanto al resultado financiero (que a diferencia del primario, incluye los servicios de deuda), fue de $350.761 millones, con una suba nominal del 1,5% pero una baja real del 32,4%.

El déficit económico (diferencia entre ingresos corrientes y gastos corrientes) fue el mes pasado de $261.614 millones, con caídas tanto en la variación nominal (20,4%) como en la real (47%).

De esta forma, en el acumulado de enero a junio hubo ingresos totales por $3.400.229 millones, gastos primarios por $3.873.331 millones y gastos totales por $4.209.857 millones.

De esos números, surge un déficit primario de $473.102 millones, económico de $495.962 millones y financiero de $809.628 millones.

La mejora en los ingresos del semestre es atribuida por la OPC al incremento real de los ingresos tributarios (29,6%), como consecuencia del IVA y las retenciones, y a los no tributarios (231,9%), por el Aporte Solidario y Extraordinario desde mayo, teniendo en cuenta que es recurso no existía en 2020.

La contracción real del 7,3% en los gastos primarios se debió principalmente a la caída en Jubilaciones y pensiones del 9,6% y de los salarios del sector público del 5%, además de menores erogaciones destinadas a la emergencia por la pandemia de coronavirus.

En sentido contrario, hubo incrementos interanuales reales del 92,1% en los gastos de capital, del 43,9% en los subsidios energéticos y del 35,3% en la adquisición de bienes y servicios.

Al 30 de junio los gastos totales ascendieron a $4.209.857 millones, equivalentes al 48,6% del crédito presupuestario vigente, impulsados principalmente por los gastos corrientes, que devengaron el 49,9%, en línea con el tiempo transcurrido.

Por sobre ese nivel se destacaron los salarios de los empleados públicos (60 del crédito presupuestario vigente para todo el año) y los programas sociales (56,4%), en tanto en el otro extremo se ubicaron la inversión financiera (26,9%) y la inversión real directa (27,9%).

En lo que respecta a otras facetas del gasto social, las pensiones no contributivas y las asignaciones familiares, también actualizadas según la fórmula de movilidad, mostraron una disminución de 10,3% y 8,5%, respectivamente.

El gasto en programas sociales ($316.069 millones), se redujo 40,8% a/a, debido a que las transferencias destinadas a la emergencia sanitaria fueron inferiores a las del primer semestre del año pasado, fundamentalmente por la eliminación del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) y la ATP.

No obstante, la OPC destacó “la consolidación de las erogaciones en el programa de Políticas Alimentarias ($78.802 millones) y Potenciar Trabajo ($73.761 millones)”.

“También se reflejaron en el primer semestre de 2021 la Asistencia Financiera al PAMI ($35.000 millones) para afrontar gastos vinculados con la pandemia por COVID-19 y las erogaciones del programa de Recuperación Productiva REPRO II ($31.302 millones)”, remarcó.