El Banco Nación y los representantes gremiales del Comité Provisorio de Control del concurso de acreedores de la cerealera Vicentin reclamaron la intervención de la compañía y el apartamiento de los directores titulares y suplentes de su administración, por entender que su permanencia “sería tanto como posibilitar que el zorro siga en el gallinero cuanto le plazca”.

La presentación ante el juez de Reconquista, Fabián Lorenzini, fue efectuada por la apoderada judicial del BNA, Elenora Sartor, y los representantes del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros y Desmotadores de Algodón de General Obligado y San Javier, Leandro Monzón, y de San Lorenzo, Juan Lemos y Oscar Chaparro.

Los tres integrantes formularon la presentación tras dejar sentado que “hay disidencias con los restantes tres miembros” del Comité, que son dos representantes de bancos internacionales y el restante de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA).

“Se impone, en nuestro entender y si más rémora, el desplazamiento inmediato de todos los administradores de la sociedad y la materialización de la intervención promovida por la IGPJ (Inspección General de Personas Jurídicas) de Santa Fe”, en referencia al planteo de la titular del organismo, María Victoria Stratta.

Al respecto, expresaron su “convicción plena” de que la denominada “conducción natural” de Vicentin no puede “formar parte de la solución de esta situación de superlativa crisis e insolvencia empresaria y clara impotencia patrimonial resultante”.

De lo contrario, aseguraron, “se estaría esperando que quienes causaron este anómalo y antijurídico estado situacional en Vicentin S.A.I.C. sean quienes remedien la situación harto disvaliosa por ellos mismos provocada”.

Sartor, Monzón, Lemos y Chaparro indicaron que los directores de Vicentin “han sobradamente defraudado la expectativa de fe pública que se tenía de la compañía; y no solo en relación con su enorme universo de acreedores, en particular, sino también respecto de la sociedad toda, que les posibilitó crecer como lo hicieron, en general”.

Por tal razón, agregaron, “persistir en permitir en que las actuales autoridades del órgano de administración de Vicentin S.A.I.C. permanezcan timoneando a la concursada” sería equivalente a “posibilitar que el zorro siga en el gallinero cuanto le plazca. Inadmisible por donde se lo analice”.

En el escrito de 36 páginas presentado a Lorenzini, repasaron la situación que derivó en el anuncio por parte del presidente Alberto Fernández, el 8 de junio pasado, de la intervención de la empresa y de la presentación de un proyecto de ley de expropiación.

Pero al respecto advirtieron que “como todavía no se ha presentado al Congreso de la Nación Argentina ningún proyecto de ley apropiado, el alcance actual de la expropiación prevista todavía no está claro”, en alusión a las últimas negociaciones del Gobierno de la provincia de Santa Fe con la compañía.

Ante la eventualidad de una resolución diferente a la anunciada por el Gobierno nacional el 8 de junio, los representantes sindicales y del BNA consideraron “absolutamente racional, a más de inconmoviblemente jurídica, la intervención de la sociedad Vicentin S.A.I.C. requerida por la IGPJ de Santa Fe”.

Esa intervención, añadieron, debe realizarse “con obvio desplazamiento y/o remoción total de los integrantes titulares y suplentes de su órgano de administración societario” debido a “sus propios y espurios desmanejos del pasado inmediato”

De todos modos, ante la posibilidad de recurrirse a una solución diferente, como la conformación de un fideicomiso, subrayaron que “desde luego que tampoco los integrantes y directivos de la concursada, pasados y presentes, podrían participar en la configuración del eventual fiduciario”.

Por último, Sartor, Monzón, Lemos y Chaparro puntualizaron la importancia de que los trabajadores de Vicentin “conserven sus relaciones laborales” en las mismas condiciones que al presente.