El Estado tendría un considerable ahorro fiscal si se sanciona la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), ya que de esta forma los tratamientos podrían tener un costo hasta 21 veces menor al que representa la atención de las consecuencias de un aborto incompleto realizado bajo condiciones de riesgo, según una investigación llevada a cabo por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

La investigación interdisciplinaria del Observatorio de Géneros de la entidad analizó la problemática desde un ángulo diferente a los habituales, al considerar el costo fiscal de los abortos en la legalidad y en la clandestinidad, en un contexto en el que se aprobó el proyecto de ley de IVE en la Cámara de Diputados y se espera su tratamiento en el Senado.

En base a diferentes estudios, CEPA partió de una estimación de alrededor de 450.000 abortos por año en el país, de cuyos egresos hospitalarios "el 67% requiere una intervención leve, el 31% presenta complicaciones de gravedad media y el 2% corresponde a abortos incompletos con cuadros de alta gravedad".

Partiendo de esas consideraciones, CEPA concluyó que "el costo total ponderado de tratamientos por abortos incompletos alcanza en total la suma de $2.586.000.000 al año", lo que arroja un "costo promedio por aborto clandestino de $56.700".

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La diferencia entre el costo fiscal de un aborto legal y uno clandestino podría ser hasta de 21 veces

"Si comparamos el valor de una caja de misoprostol (el método más accesible, y uno de los más seguros), con los costos que le implica al sistema de salud público atender las consecuencias más graves de un aborto incompleto realizado bajo condiciones de riesgo, llegamos a la conclusión de que el aborto clandestino puede costar hasta 21 veces más que el aborto legal, seguro y gratuito", indicaron desde la entidad.

En la simulación, se supone que el total de los abortos clandestinos se realizan a través de un método medicamentoso, con la consideración de que el 10% de esos abortos no serán exitosos y requerirán una intervención de Aspiración Manual Endouterina (AMEU) para completar el procedimiento.

"Si relacionamos el costo en el que incurre el sistema de salud por los abortos incompletos con los costos de una caja de misoprostol, podemos concluir que con lo que con lo que le cuesta al Estado el aborto clandestino por 45.600 personas gestantes, se cubre el aborto seguro y gratuito de 425.177 personas gestantes", equivalentes al 95% de los abortos clandestinos estimados en Argentina en un año.

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El costo fiscal de un aborto legal y otro clandestino

Para CEPA, "si el Estado tuviera una política pública de Aborto Legal Seguro y Gratuito, se hubiera ahorrado el 88% del costo fiscal por atender complicaciones derivadas de abortos clandestinos", ya que por los 45.600 egresos hospitalarios, el costo hubiera sido de unos $314 millones con "una atención a tiempo con misoprostol y AMEU, en caso de requerirse".

CEPA aclaró que en su análisis sólo se tuvieron en cuenta "los costos asociados a la atención en el sistema de salud" sin considerar, por ejemplo, "los costos de realizarse un aborto de manera privada, ni los costos asociados a las secuelas psicológicas, emocionales, económicas, laborales y de cuidado, que implican los daños asociados a los abortos inseguros".

"Si fuésemos a considerar todas estas dimensiones, el costo estimado sería considerablemente superior al que aquí se abordó", indicó.