El 60% de la deuda de los Estados provinciales emitida en bonos se encuentra en situación de default, en gran medida por falta de “gimnasia de cumplimiento”, ya que los gobiernos fueron pasando paulatinamente de una estructura de obligaciones en pesos con la Nación a otra en moneda extranjera con acreedores privados.

El stock total de la deuda de las provincias argentinas es de aproximadamente US$ 23.700 millones, de los que US$ 15.393 millones es en títulos públicos emitidos en el mercado.

De esa deuda en bonos, se encuentra en situación de cesación de pagos un volumen de US$ 9.240 millones, equivalentes al 39% del total de la deuda provincial y al 60% de la deuda en títulos, según un estudio de la consultora Invecq.

El grueso de esa deuda en default corresponde a la provincia de Buenos Aires, con US$ 8.183 millones, en tanto con montos menores se anotan Entre Ríos (con un principio de acuerdo) con US$ 500 millones, La Rioja con US$ 300 millones y Chaco con US$ 257 millones.

Seis provincias tienen deuda reestructurada por un total de US$ 4.213 millones: Córdoba (US$ 1.700 millones), Neuquén (U$ 683 millones), Chubut (US$ 650 millones), Mendoza (US$ 530 millones), Salta (US$ 350 millones) y Río Negro (US$ 300 millones).

Por último, Jujuy con US$ 210 millones y Tierra del Fuego con US$ 170 millones se encuentran en proceso de negociación y solamente la Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe están en condiciones de pago normal, con obligaciones por US$ 1.060 millones y US$ 500 millones, precisamente.

La entidad dirigida por Esteban Domecq señaló que el monto total de la deuda provincial “es poco significativo si lo analizamos en relación con el stock de deuda nacional o en relación con el PBI”, llegando a representar cerca del 7% de esos volúmenes.

Invecq identificó tres razones para explicar la necesidad que tuvieron las provincias de negociar y reestructurar sus deudas emitidas recientemente en moneda extranjera.

. La pérdida del acceso a cualquier tipo de financiamiento en dólares ocurrido con posterioridad a las PASO de 2019. “Los resultados electorales fueron un shock de expectativas tan grandes que el mercado de crédito quedó cerrado para la Argentina y, por añadidura a cualquiera de sus provincias”, indicó al respecto, recordando que el riesgo país pasó en pocos días de 800 a más de 2.000 puntos básicos.

. El cambio en la estructura del endeudamiento de las provincias. “Hasta el año 2015 la gran mayoría del endeudamiento provincial se hacía en pesos con bancos locales y con el gobierno nacional”, lo que les permitía a las administraciones del interior “un financiamiento muy flexible en cuanto a sus condiciones y vencimientos”.

Al respecto, Invecq subrayó que en tanto los acuerdos fueran con el Estado nacional “muchos de estos créditos se otorgaban a tasas en pesos fuertemente negativas en términos reales, y los vencimientos suelen reprogramarse ad infinitum mediante negociaciones políticas, intercambios de votos en el Congreso, etc”.

“Podríamos decir que a los gobernadores les falta ‘gimnasia del cumplimiento’ en lo que se refiere a los compromisos de deuda asumidos”, señaló, en referencia al diferente trato que implicó endeudarse en bonos con acreedores privados y, además, por lo general en moneda y legislación extranjeras.

En ese sentido, advirtió que “hacia fines de 2019, el 70% del stock total de deuda estaba emitida en bonos” y en consecuencia “pesaban más las reglas del mercado que las de la política y evidentemente la mayoría de las provincias no pudo amoldarse”.

. El tercer elemento es a juicio de Invecq “el siempre postergado equilibrio fiscal”, al que se pensó que se llegaría luego de la devolución del 15% de la masa coparticipable en forma gradual desde 2016.

“Sin embargo, terminó ocurriendo que sin mediar reformas estructurales para los desequilibrios fiscales provinciales esta masa extra de recursos de la que dispusieron las provincias en muchos casos solo logró maquillar coyunturalmente una posición fiscal más ordenada”, finalizó.