Desde su casa en Jersey, el financista mira por la ventana cómo se cierne el rigor de un invierno más duro que lo habitual sobre New York, en la otra costa del Hudson. Es la persona indicada para hablar del “rally” del mercado que durante semanas hizo escalar a los bonos y las acciones argentinas. Es argentino, y no sólo se dedica a las finanzas, sino que es uno de los grandes inversores en activos estratégicos de la economía real en el país.

Mientras otea a Wall Street más allá de la bruma, sorprende a Newsweek Argentina con una definición tajante. “Todavía el trade electoral no arrancó; todo lo que vemos se lo debemos a la dinámica de EE.UU. y la inflación, a los flujos de fondos a los mercados emergentes. Por ahora, todavía van. Pero tienen que pasar cosas en la Argentina. La política no está disponible para resolver el “gran problema”.

Por ejemplo, en la agenda “político-económica” que tienen en la mira Wall Street y comparten en la profundidad del equipo del Gobierno, la resolución de “la pared de vencimientos en pesos” del segundo y tercer trimestre son una urgencia que aún no fue atendida.

Entre abril y julio próximos, vencerán unos $ 3,88 billones de pesos que están en manos de acreedores privados. Se trata de aproximadamente un 50% de los vencimientos de la deuda en moneda nacional del Estado. El resto está en manos de diversas entidades públicas, como la ANSeS, el Banco Central y bancos oficiales.

En los últimos meses, el Tesoro logró refinanciar gran parte de los vencimientos de deuda en pesos, algunos con éxito resonante, principalmente con tenedores de bonos del sector público. Pero los acreedores del sector privado son renuentes a renovar vencimientos o a financiar al Tesoro más allá de un primer mojón, en abril del año próximo, cuando el Estado tiene que pagar $ 1,23 billones. Y ni hablar de plazos que excedan la mitad de año, cuando se desplegarán las PASO para la elección en general.

El gran temor del mercado es que, depende de quien gane las elecciones, se solucione más o menos hostilmente una refinanciación de esa deuda.

Para resolverlo, hace falta (en palabras del hombre de Wall Street) una “política disponible” para poder acordar una colaboración con su solución. ¿Qué debería decir ese virtual acuerdo? Que el postulante se comprometerá a cumplir los compromisos asumidos por su antecesor en caso de ser reemplazado. A ella se refirió el ministro de Economía, Sergio Massa, y es relevante en un año en que la política dominará el centro del escenario. “Yo aspiro a que la oposición tenga una mirada responsable y no aliente esa idea de que si ellos ganaban iban a defaultear la deuda, o cosas así, porque le hace mal no solo a ellos, sino a la credibilidad de la Argentina”, dijo poco antes del cierre de esta edición.

TRADICIÓN ECONÓMICA Y ECONOMÍA DE TRANSICIÓN

La tradición económica y política de la Argentina acuñó a lo largo del tiempo la doctrina de los años pares e impares como determinantes del curso de la actividad económica. Por lo menos a partir de la restauración democrática de 1983. Los años impares son los años electorales, de renovación legislativa y presidencial. El oficialismo de turno apela a su capacidad de dirigir el gasto de forma tal de mejorar su chance electoral. Asumiendo un resultado triunfante, en los años pares la crónica restricción de la Argentina impone un ajuste de las cuentas, destinadas a evitar una crisis económica.

Este 2023 impar, que acumulará elecciones a gobernadores, recambio legislativo y también presidencial, fue precedido de un leve ajuste en sus cuentas. Y el desafío será atravesarlo con la continuidad o no para cumplir los compromisos asumidos con el FMI, la tabla salvavidas que evitó el desbarranco en 2022.

Este año estará surcado por tres agendas convergentes, pero en disputa: el calendario electoral, las metas del ajuste acordado con el FMI y la de la madre naturaleza.

Las políticas oficiales y su correlato en los ingresos, el consumo y el empleo tendrán que atravesar las soluciones a los límites que vayan corriendo con los meses.

SEQUÍA DE DÓLARES

Antes de tomar el timón del Ministerio de Economía, Sergio Massa, lo tenía claro: el ajuste del tipo de cambio (la prohibición política de mejorarlo) sería una de sus restricciones. De ello dependería no sólo el nivel de actividad sino también la inflación. Y un poco más allá, el futuro del gobierno del Frente de Todos.

De cara al año previo a las elecciones, el equipo económico se preocupa por transmitir dos certezas: no habrá devaluaciones “abruptas” y, de a poco, se procurará unificar el tipo de cambio. Massa viene defendiendo que, en lo que va de su gestión, logró planchar el avance del dólar a un ritmo más lento que la inflación.

Las medidas de recompra de deuda en el mercado que anunció a mediados de enero apuntan en ese sentido. El consenso de los analistas es que es una buena herramienta para el manejo de deuda, que en esa ocasión no se aplicó más que a tranquilizar al dólar. “Está claro que el camino elegido ha sido el de bajar la brecha y de esa manera aportar al mayor desafío que es bajar el ritmo inflacionario”, señala MegaQM, que orienta Miguel Kiguel.

La escasez de dólares está en el fondo de esta dificultad. La carencia estructural de divisas para importar insumos para la actividad productiva, tendrá este año nuevas tensiones.

Por un lado, la principal restricción será la naturaleza. La sequía ya introdujo un daño en lo que serán los recursos exportables este 2023. “Un factor de difícil control”, señala Ecolatina. Es el tercer año consecutivo de acechanza al campo. Pero este año vendrá peor: “En contraste con 2021 y 2022, los precios internacionales no compensarán los menores volúmenes de cosecha agrícola a raíz de la sequía”, advirtieron.

La cosecha agrícola 2023 ya arranca con pérdida de ingresos del orden de los US$ 10.000 millones, que implicarán una pérdida de US$ 8.000 millones de liquidación en el mercado de cambios.

Encima, la desaceleración de la inflación global presume un sendero de tasas internacionales más bajas, que a la vez repercutirá, para abajo, en el precio de los commodities, una de las fuentes que impulsaron las exportaciones récord de 2022. “Estamos atravesando un período en el que se exploran nuevos límites para financiar los desequilibrios macroeconómicos que no se han corregido, en un contexto hasta hace poco tiempo muy favorable en clima y en precios internacionales de los commodities”, advierte Jorge Vasconcelos, economista jefe del Ieral, de la Fundación Mediterránea.

¿Se disparará el dólar? “Las proyecciones estipulan para fines de diciembre de 2023 un dólar oficial de $ 330, esto significa una variación de 8%% anual (calcula IDESA, el think tank de Jorge Colina). Si la actual brecha cambiaria se mantuviera tal y como está, en torno al casi 100%, entonces el 2023 cerraría con un dólar paralelo cercano a los $ 650”, especula.

POLÍTICA, ENERGÍA Y CEPO

El Gobierno, por voluntad y por cálculos de su propia estrategia, no convalidan este pronóstico. En primer lugar, porque el calendario electoral los empujará a evitar un aumento de esos niveles en el tipo de cambio.

La agenda política tiene un primer hito el 24 de junio, cuando cerrarán las listas para las PASO. Las primarias se realizarán el 13 de agosto, la primera vuelta el 22 de octubre y un hipotético balotaje tendría lugar el 19 de noviembre. El sendero para aflojar la mano a una devaluación con imprevisibles consecuencias sobre la inflación es muy estrecho.

Antes bien, en el Gobierno ya anticipan que desplegarán una estrategia de tipos de cambio diferenciados por sectores, de forma de estimular la liquidación de exportaciones y desincentivar la acumulación de stocks a la espera de un ajuste del tipo de cambio. A los efectos de la acumulación de reservas, tanto el sector privado como el propio Gobierno destacan el éxito de las dos versiones del “dólar soja”. Ya se da por hecha una tercera versión del programa, a pesar de algunos riesgos.

“El adelantamiento de ventas que produjo el ‘dólar soja 2’ deja menos producto a vender en el primer trimestre, además de generar incentivos para retener hasta la próxima edición”, agregan en Ecolatina.

Sin embargo, Sergio Massa comenzó a gastar a cuenta del ahorro que significará la conclusión del gasoducto Néstor Kirchner, que unirá Vaca Muerta con la provincia de Buenos Aires y traerá la creciente producción de gas a bajo precio del yacimiento neuquino. Se trata de una apuesta a todo o nada. El año pasado, las importaciones de energía, con los altos precios impulsados por la salida de la pandemia y la Guerra en Ucrania, se consumieron US$ 5.000 millones de las reservas y afectaron gran parte del superávit comercial.

Aunque las previsiones originales para 2023 eran más pesimistas, el recambio energético en Europa permitió que los precios no subieran tanto como lo calculado. En las estimaciones del Gobierno, de las reservas del Banco Central saldrán US$ 2.300 millones menos que si no estuviera el gasoducto, por menores compras.

También hay una cuenta de ingresos que Massa se está apurando a contar, que es la de las exportaciones de gas a Bolivia y a Brasil. Para compensar la falta de dólares de la sequía, el Gobierno también cuenta con medidas como el “dólar Qatar”, destinado a encarecer la salida de divisas en el turismo al exterior, que podría rendirle al Gobierno unos US$ 3.000 millones, según cálculos del mercado. Para el resto, el cepo proveerá.

Tras haber tocado sus máximos históricos, las importaciones cayeron en el último mes de 2022 a su nivel más bajo en dos años. Fue el efecto de las mayores restricciones al acceso a los dólares para importar, que será ahora la principal fuente de ahorro de divisas. MegaMQM calcula que de ahorros en las importaciones podrían evitar salir unos US$ 3.000 millones adicionales.

¿Podrá lidiar la gestión de la economía con este nivel de restricciones para las empresas si apunta a una reactivación de la economía que permita detener el deterioro del salario provocado por la inflación y mejorar las chances electorales del oficialismo?

Según Vasconcelos, del Ieral, la restricción de las importaciones, la inflación desacompasada de los salarios, la caída de precios de los commodities y la sequía operaron fuerte en el cuarto trimestre del 2022 y se sintió en la actividad económica.

Aun si el PBI del año pasado creció cerca de 5%, gran parte de ese impulso provino del arrastre del 2021, con más de dos puntos. Pero ahora, la falta de insumos por las restricciones a la importación y la pérdida de competitividad cambiaria, junto con la sequía, podrían planchar aún más la actividad.

El Banco Mundial recalculó pronósticos previos y anticipó que se crecerá 2%, cifra muy módica a la hora de pensar en una economía floreciente.

ESE PROBLEMA DE LOS PRECIOS

Días atrás, Massa planteó que la prioridad de su gestión es la recuperación del ingreso, por dos vías: “Paritarias virtuosas, que reflejen recuperación del ingreso; y reducción de la inflación”, dijo.

Ya con los datos del cierre del año pasado, insistió en la “construcción de un sendero, de bajar un punto de inflación cada 60 días que, junto con las paritarias, nos va a permitir encarar el 2023 con recuperación del ingreso”. Pero si para concluir 2022 el Gobierno esperaba el inicio de un sendero de reducción de precios en línea con el 4,9% de noviembre, el dato final, con un incremento de 5,1% y el cierre del año en 94,8% lo transformó en un espejismo por el momento.

El objetivo oficial de una inflación de 60% en todo el año, con un abril “que empiece con tres”, comenzó a complicarse.

Nicolás Max, director de Asset Management de Criteria, lo explica de este modo: “Uno de los principales riesgos del año es el componente inflacionario. Después de que 2022 tuvo la inflación más alta desde la híper, de hace 30 años, será apremiante trazar un camino claro hacia adelante para políticas antiinflacionarias”. Ese camino, a su juicio, pasa por morigerar el gasto fiscal y por las políticas en un año electoral.

LA PRESIÓN DEL FONDO

Después de hacer pie en la conducción económica, y en línea con el acuerdo firmado con el FMI, Massa sigue comprometido con un camino “austero”. Tanto fue así que concluyó el 2022 con un ajuste del gasto que lo llevó a sobrecumplir las metas fiscales del Extended Funds Facilities (EFF).

Si el objetivo era llegar al 2,5% del PBI de déficit, el Ministro de Economía recortó al 2,4 por ciento. ¿Cómo? Mientras que en el año pasado los gastos crecieron 70,5%, la inflación corrió al 94,8%, realizando el ajuste también por el lado de los mayores ingresos impositivos.

“El gasto primario se habría reducido alrededor de 0,58% del PBI respecto al 2021”, analizó Nadin Argañaraz del IARAF. El mayor componente del gasto primario son las jubilaciones y pensiones contributivas, con 33,9%, seguido por los salarios (11,8% del total), subsidios a la energía (9,9%) y otros programas (8,8%).

¿Podrá continuar el ajuste del gasto en el aspecto social como se hizo desde agosto? Para 2023, la meta fiscal implica un déficit fiscal primario de 1,9 por ciento.

SALARIOS Y CONSUMO

Por lo pronto, los ingresos de la mayor parte de la población, más allá de la voluntad oficial, lucen amenazados. “Con salarios que este año irán quedando relegados de la inflación, familias que ya están sobre financiadas, tarifas de servicios y transportes en alza y los precios de la canasta que continuarán en aumento, el consumo este año crecerá sólo un 1,7%, lejos de la bonanza del 8,5% que exhibió en 2022”, estimó ABECEB, la consultora que orienta el ex ministro de Producción Dante Sica.

Los esfuerzos y el despliegue político que el Gobierno peronista le ha dado a sindicatos y organizaciones sociales para demostrar acción en materia de precios es un dato significativo. Le da salida a la inquietud política por la falta de capacidad para controlar la inflación a la vez que le da lugar a los aliados políticos naturales del Gobierno.

Aunque la administración económica de Massa y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, hayan logrado alinear al Gobierno para moderar algunas de las palancas inflacionarias como la emisión descontrolada, el envión monetario tampoco está completamente bajo control.

El nivel de la tasa de interés, que debería contribuir, también lleva fricción política a una gestión que no quiere ver una economía debilitada por falta de crédito.

En este contexto, ¿permitirá la buena letra fiscal del último trimestre del año una licencia del FMI para poder gastar más en un “año impar” y flexibilizar algunas de las metas?

Por el momento, es difícil de saberlo. Y más aún si se puede formar una voluntad política del conjunto de la sociedad de modo de sortear los desafíos económicos en un contexto donde la disputa electoral se interpondrá a los acuerdos.