Es un clara y prístina muestra de abandono de un proyecto vital para el desarrollo nacional cuya dejadez se convirtió en política de Estado si tenemos en cuenta que el anuncio fue durante la presidencia de Néstor Kirchner y atravesó los dos mandatos de Cristina Fernández y el único de Mauricio Macri que freno las obras al surgir las revelaciones del chofer Oscar Centeno que derivaron en la denominada causa de “los cuadernos” de la obra pública.

Acuciado por la bomba de los precios energéticos que está a punto de estallarles en la cara no sólo a la Argentina sino a las principales economías del mundo por el incremento de los costos y sus consecuencias en la vida diaria luego de la invasión de la Federación de Rusia a Ucrania, la administración de Alberto  Fernández, parece haber tomado nota de la necesidad de avanzar con la construcción de un gasoducto troncal, el que unirá Neuquén con Salliqueló, y con obras fundamentales, extrañamente paralizadas por años, como el  Gasoducto del Noreste.

El 24 de marzo de 2007, el Poder Ejecutivo decretó que IEASA, ex ENARSA, obtuviera la concesión para la operación del Gasoducto  durante 35 años, prorrogables, e incluía la responsabilidad de construirlo, operarlo, mantenerlo, y comercializarlo.

En los planos de la obra se leía que abarcaría el Este de la Provincia de Salta y las provincias de Chaco y Santa Fe, posibilitando que sus habitantes tengan acceso al servicio de gas natural de modo más eficiente y económico, “ya que podrán ser alcanzadas por los beneficios de transporte de gas los 378.000 usuarios potenciales que se encuentran en las localidades próximas al gasoducto”.

El Decreto N°1136/2010 encomendó a IEASA la construcción de 3.000 kilómetros de gasoducto, de los cuales 1.468 kilómetros corresponden al gasoducto troncal, el conjunto de tuberías y accesorios de uso público que permiten la conducción de gas desde los centros de producción hasta las puertas de ciudad, el resto representa gasoductos de derivación a las localidades, abasteciendo durante su recorrido a 168 de ellas y atravesando territorios pertenecientes a las provincias del noreste, con una capacidad de transporte de 11.200.000 m³/d adicionales destinados al consumo residencial e industrial del sector, reforzando el sistema existente.

A lo largo de los años se logró la construcción de las etapas I y II del Gasoducto del Noreste y quedó finalizado un ramal que llega hasta Tostado, provincia de Santa Fe.

De esta manera, el proyecto pensado en 2003 y aprobado por el extinto Presidente Néstor Kirchner contó con la anuencia de los gobernadores  de Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Misiones, Salta y Santa Fe. El Decreto de 2007 lo declaró de interés público nacional y se realizó un acuerdo de provisión de gas con el gobierno de Bolivia.

Las obras avanzaron con morosidad a lo largo de los inviernos hasta terminar un trazado cercano a los 1.500 kilómetros troncales y el inicio de nueve ramales para que el gas natural fluya en los domicilios e industrias de la región.

Sin embargo, en agosto de 2018, el directorio de IEASA que respondía a la gestión de Mauricio Macri frenó las obras en seco. A pesar que algunos directores de la ex ENARSA levantaron la voz explicando que las obras podrían terminarse hacia el final del mandato de Cambiemos la decisión fue la de suspender todos los trabajos. La razón de fondo fue la causa de los Cuadernos y las sospechas de Macri acerca de posibles actos de corrupción en las licitaciones y contratos vigentes hasta esa fecha. Para un sector más crítico de la gestión económica de Cambiemos se trató de un típico caso de ajuste presupuestario que “hoy termina por pasarnos una factura abultada”.

La referencia es obvia, porque la invasión a Ucrania de Putin, alertada por unos pocos, puede ser tomada como un “cisne negro”, metáfora descripta por el filósofo Nassim Taleb que explica un suceso sorpresivo, de gran impacto socioeconómico y que, una vez pasado el hecho, se racionaliza por retrospección.

Y, la racionalización indica que si tuviéramos concluido el Gasoducto del Nordeste, podríamos traer gas desde la cuenca de  Bolivia por 20 millones de metros cúbicos diarios a siete provincias y pensar en abastecer a parte de Buenos Aires.

La urgencia por no pasar “el invierno de nuestro descontento” a la que nos ha sumergido el autócrata ruso Vladimir Putin que parece emular al cruel Ricardo III de William Shakespeare ha llevado a que Darío Martínez, secretario de Energía, anunciara la licitación y adjudicación del tramo correspondiente a la provincia de Salta del Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA), al participar de la 8° Asamblea de Gobernadores del Norte Grande Argentino del mes de febrero pasado.

Por otra parte, el área energética dominada por funcionarios  que responden a la Vicepresidenta Cristina Fernández, no se privó de denunciar ante la Justicia a los funcionarios macristas que  tomaron la extraña decisión de finalizar las obras que databan desde el 2007.

En junio de 2021 se realizó una presentación ante la Justicia  Federal que recayó en el despacho del juez Ariel Lijo para que el fiscal federal Carlos Stornelli, el mismo de la causa Cuadernos, investigara a la conducción de IEASA, encabezada por Mario del Acqua, durante el gobierno de Cambiemos por abuso de autoridad al haber detenido de manera ilegal y arbitraria una obra considerada de interés nacional y un posible perjuicio para el Estado Nacional.

Lo cierto es que los funcionarios del actual gobierno festejan como un triunfo el leve incremento del volumen de gas a importar desde Bolivia y el alto precio que deberá abonar el país por las fluctuaciones al alza en el mercado internacional de la energía.

Darío Martínez explicó que “el precio promedio que se acordó con Bolivia ronda los 12,18 U$D por millón de BTU y significará un alivio para el Tesoro porque el precio internacional del GNL triplica ese valor y el gas oil más que lo duplica”.

El funcionario realiza cuentas en el aire con el valor de los cargamentos de GNL que Argentina seguramente no podría comprar no sólo por dificultades de caja sino por complicaciones logísticas y competitivas derivadas del contexto internacional y sostiene que “el país se ahorró 769 U$D millones” con el resultado de la nueva adenda al contrato original con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

El Convenio anunciado entre YPFB  e IEASA establece que la compañía andina proveerá 14 millones de m3 diarios de gas durante los meses de invierno, otorgando prioridad a la Argentina  por hasta 18 millones de m3 por día para el período mayo-septiembre del año en curso. Los precios aumentan. Pasa de los 7 U$D por millón de BTU a 12,18 U$D.

Para Martínez, “los volúmenes acordados garantizan la fluidez del sistema en todo el norte del país”.

En noviembre de 2011, durante la administración de Cristina Fernández se anunció el  “hallazgo de calidad mundial” al descubrir hidrocarburos no convencionales en la formación Vaca Muerta. Había que extraerlo y transportarlo. Recién en 2019, el gobierno de Mauricio Macri convocaba a la construcción del proyecto del gasoducto Vaca Muerta- San NIcolás con el otorgamiento de una licencia por 35 años.

Al igual que con el Gasoducto del Norte, las consecuencias de la guerra en Europa del este, aceleraron las licitaciones por las que el Grupo Techint, a través de su controlada Tenaris, obtuvo los contratos para la fabricación de las cañerías del gasoducto Néstor Kirchner.

El hábito de procastinar, palabra de moda que explica la acción o hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes, había sido anotada como una de las características de los argentinos  por el filósofo español José Ortega y Gasset cuando en la facultad de Filosofía y Letras de la UBA, en 1916, clamó “Argentinos, a las cosas, a las cosas”.

El llamado de atención no hizo efecto. El último gasoducto troncal debidamente finalizado en Argentina cumplirá 35 años de edad.