La situación social en Argentina presenta serios problemas en relación con los ingresos de los hogares, las condiciones de vivienda y hábitat, el acceso a educación de calidad y, en general, la provisión de servicios básicos por parte del Estado.

Estos problemas existían desde antes del shock producido por la pandemia y las medidas de aislamiento, aunque obviamente se vieron agravados.

Las causas son varias y tienden a potenciarse entre sí, pero indudablemente el funcionamiento del mercado de trabajo, la principal fuente de ingresos para los hogares, es un tema determinante.

Cerca de la mitad de las y los trabajadores de nuestro país tienen empleos de mala calidad, con informalidad, baja productividad, salarios insuficientes y reconocimiento incompleto de sus derechos laborales y sociales básicos.

Adicionalmente, su situación es muy heterogénea, tanto por los sectores de la economía en que se emplean como por características propias.

No es lo mismo la situación de un peón rural sin ninguna protección que la de una trabajadora doméstica urbana o la de un joven empleado gastronómico informal.

Esto, además de ser un serio problema en relación a la calidad de vida de la población, es parte de un círculo vicioso que necesitamos romper: el empleo de mala calidad implica baja productividad, lo que a su vez hace nuestra economía menos competitiva, limita su crecimiento y resulta en baja -o nula- creación de nuevos puestos de trabajo.

El planteo no es novedoso y probablemente no existe economista o analista del tema en el país que esté en desacuerdo. Sin embargo, evidentemente conocer el problema no es suficiente para solucionarlo.

Desde hace décadas vivimos a merced de una dinámica que, por distintas razones, no nos ha permitido aprovechar, por ejemplo, el bono demográfico, el boom de precios de commodities o la aparición de nuevas tecnologías que aumentan la productividad de trabajadores en todo el mundo.

Esto es grave. Implica oportunidades perdidas como bien reflejan otras experiencias en la región.

Por caso, en los últimos 25 años países como Brasil, Chile, Perú o Uruguay, con posicionamientos políticos, estructuras impositivas y modelos de gestión del sector público muy diversos, lograron reducir la informalidad entre sus trabajadores desde un 30% hasta un 50%, acumular un importante crecimiento económico y bajar la incidencia de la pobreza, mientras que en Argentina estos indicadores se mantuvieron casi sin cambios o con mejoras de menor magnitud.

Tampoco es que carezcamos de ideas. Argentina ha demostrado tener capacidad de respuesta rápida a desafíos urgentes, como se vio en 2020.

Programas como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) o el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) fueron rápidamente implementados y permitieron aliviar el impacto de la pandemia y las medidas de aislamiento entre los hogares más vulnerables y trabajadores asalariados formales.

Aunque el contexto de emergencia en que fueron diseñados implicó desafíos de implementación, se trata de programas de corto plazo que apuntan a suavizar los impactos de una crisis y que no son fiscalmente sostenibles por períodos prolongados.

En cambio, los resultados de políticas dirigidas a los problemas estructurales distan de ser alentadores.

Desde mediados de los años noventa hemos visto la creación del monotributo (y luego el monotributo social); reducciones en contribuciones patronales por región, industria, tamaño de las empresas o características de las y los trabajadores; distintos programas de capacitación, intermediación laboral o promoción del emprendedurismo; promoción del cooperativismo, apoyo a la economía social y popular y muchas otras iniciativas, sin que la situación del mercado de trabajo haya mejorado en forma sostenida.

En buena parte, estos malos resultados se originan en los serios problemas macroeconómicos que nuestro país atraviesa desde las últimas décadas, con bajo crecimiento y alta volatilidad, lo que remite nuevamente al problema del círculo vicioso; pero además hay serias debilidades institucionales, con esquemas de programas e incentivos complejos y poco transparentes, de débil implementación y supervisión y con poca credibilidad en cuanto a su permanencia.

¿Es posible, entonces, plantear principios para el diseño de las políticas sobre el mercado de trabajo, de forma de mejorar sus resultados? La respuesta (siempre) es sí.

* Sin un contexto macroeconómico de crecimiento sostenido y baja volatilidad, las probabilidades de éxito de políticas de empleo son muy bajas y, en la mayoría de los casos, se limitan a actuar como atenuantes de los impactos negativos de las crisis.

* La experiencia de 2020 muestra que es necesario tener programas con capacidad de respuesta rápida ante situaciones críticas de corto plazo. A diferencia de lo que ocurre en otros países, aquí el Seguro de Desempleo no parece cumplir un rol relevante; debería ser revisado e incorporado a una política integral. Además, otras herramientas de protección social deberían estar disponibles para actuar como mecanismos estabilizadores del mercado laboral.

* Las reglas del mercado laboral deben ser claras, estables y creíbles. Los impuestos al trabajo deben ser razonables y uniformes, con pocas excepciones sólidamente justificadas.

* Trabajadores y trabajadoras necesitan adquirir habilidades que les permitan desempeñarse en empleos de alta productividad, en un mundo en el que la tecnología continuará progresando velozmente. Esto implica ofrecer programas de capacitación de calidad y con contenidos pertinentes para quienes ya están en actividad, y revisar el sistema educativo para asegurar que jóvenes que ingresan en el mercado tengan las herramientas necesarias para hacerlo exitosamente.

* Los programas de empleo son importantes para mantener ingresos en hogares con alta vulnerabilidad, pero su foco central debería ser proveer a sus participantes de herramientas para integrarse a empleos de calidad y mayor productividad. La experiencia internacional muestra que los casos más exitosos combinan servicios de capacitación en habilidades básicas, entrenamiento técnico, esquemas de pasantías e intermediación laboral, gestionados con sistemas modernos de información y una fuerte impronta territorial a través de oficinas locales con recursos humanos capacitados e infraestructura adecuada.

Los desafíos del mercado laboral en Argentina son muy serios por el impacto que tienen sobre las condiciones de vida de la población en el corto plazo. El éxito de políticas que apunten a dinamizarlo y llevarlo a un sendero virtuoso de crecimiento y creación de empleos de calidad solo se dará si son parte de una estrategia integral, bien diseñada y, sobre todo, sostenida en el tiempo e implementada territorialmente por equipos comprometidos y profesionalmente competentes.

(*) Rafael Rofman es director del programa de Protección Social de CIPPEC , el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento.