En un plenario de comisiones, la Cámara de Diputados retomó hoy el tratamiento del proyecto de ley de etiquetado frontal de alimentos, que tendrá una cuarta y última audiencia antes de desembarcar en el recinto para la votación.

La iniciativa viene del Senado con media sanción y busca marcar con un sello octogonal negro los empaques de aquellos productos que contengan exceso en azúcares, grasas, calorías o sodio.

Durante la reunión conjunta de las comisiones de Legislación General, Salud, Industria y Defensa del Consumidor, los legisladores escucharon las exposiciones de diez especialistas invitados de distintas organizaciones vinculadas a la alimentación saludable y la producción alimenticia, con argumentos a favor y en contra de la iniciativa.

La primera en tomar la palabra fue la representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) Elizabeth Kleiman, quien defendió la propuesta aunque reconoció que "el rotulado y la información nutricional viene mejorando y avanzando". Al respecto, consideró que es necesario seguir "mejorando la información para que los consumidores puedan decidir qué es lo que necesitan de una manera esencial".

La representante de la Unión de la Industria Cárnica Argentina (UNICA) Mabel Vucko también apoyó el proyecto de ley al señalar que está a favor de "poder informar y facilitar al consumidor la selección de alimentos más saludables". Sin embargo, pidió que el diseño del sello "sea armónico con la región" para que no se dificulten las relaciones comerciales en el ámbito del Mercosur. Además pidió que "las etapas de implementación sean escalonadas", de modo que "la industria y, sobre todo las PyMEs, se puedan adaptar a la normativa".

La presidenta de la Asociación Argentina de Tecnólogos Alimentarios, Susana Socolovsky, se manifestó en contra de la iniciativa. Argumentó que "el objeto de la ley, que es advertir a los consumidores y consumidoras sobre excesos de componentes como azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías, a partir de información clara, oportuna y veraz, no se cumplirá".

La directora de Alimentos del Ministerio de Desarrollo Productivo de Tucumán, Gabriela Marcello, advirtió que el sello en los productos "no debe causar temor, confusión, ni demonizar algunos tipos de alimentos", porque "todos los alimentos pueden formar parte de una dieta, siempre que las cantidades y la frecuencia de ingesta de esos alimentos generen un equilibrio". En tanto, consideró que el sello octongonal negro no debería expresar "exceso en" sino "alto en".

A su turno, el presidente del Centro de la Industria Lechera (CIL), Ercole Felippa, opinó que "esta ley debe ser aprobada pero los productos lácteos deberían tener un tratamiento especial".

"La OPS recomienda no aplicar el perfil a las leches fluidas, leches en polvos y yogures, sin agregados. Pero este aspecto no está aclarado en este proyecto de ley. Si se aplicara, las leches tendrían hasta tres sellos, por eso entendemos que se debería cambiar la redacción", sugirió.

Mijael Kaufman Falchuk, un estudiante de 22 años, cofundador de Consciente Colectivo, pidió "no dilatar más" la sanción de esta ley y aprobarla sin modificaciones. "Este proyecto es la puerta de entrada para generar miles de puestos de trabajo porque la alimentación saludable tiene que ser una política de Estado", concluyó.

En tanto, el jefe para América Latina y el Caribe de la Asociación Internacional de Marcas, José Luis Londoño, planteó objeciones al proyecto y alertó por el impacto negativo que podría tener sobre las marcas. "Regular para promover el derecho a la salud no puede ir en detrimento de libertades individuales", dijo.

En cambio, el consultor de la OPS Sebastián Laspiur, destacó que en la ley se combinen "el etiquetado de advertencia, la regulación de la publicidad y la protección de entornos escolares". En esta línea, señaló que el proyecto "ha aprovechado la mejor evidencia científica disponible hasta el momento y la experiencia internacional y regional", ya que el gráfico del sello octogonal negro "es el que más evidencia arrojó".

Mencionó el caso de Chile, que tras sancionar una normativa regulatoria similar, logró reducir en un 25% el consumo de bebidas azucaradas y en un 17% el de los postres envasados. "La ley no tiene ningún impedimento internacional ni riesgos para el comercio internacional ni generación de empleo", aclaró.