Los subsidios que el Estado nacional otorgó en el primer trimestre a empresas públicas y privadas alcanzaron un nivel que no sólo desbordó las previsiones oficiales sino que por primera vez en seis años fueron mayores a todo el déficit fiscal del período, superando levemente al déficit financiero y triplicando al primario.

De acuerdo con el entrecruzamiento de datos realizado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), el monto de subsidios en el primer trimestre fue de $175.092,7 millones, levemente superior al déficit financiero del período de $173.501 millones.

En consecuencia, por primera vez desde 2015 que los subsidios logran superar al déficit financiero, una constante en los años previos que terminó generando un importante condicionamiento a la política fiscal de los sucesivos ministros de Economía.

El problema cobra trascendencia en la actualidad, no solo por el reciente cortocircuito entre el ministro Martín Guzmán y su subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, sino por el impacto que tendrá la tensión entre subsidios y tarifas en un año marcado por las elecciones legislativas.

En ese sentido, debe tenerse en cuenta que el Presupuesto prevé un incremento nominal de los subsidios de no más del 45% en relación con la ejecución de 2020, pero el aumento interanual que la ASAP computó en el primer trimestre fue del 171,4%.

El porcentaje de suba puede atenuarse e incluso equipararse con la meta presupuestaria, pero la contrapartida de ese resultado sería un aumento en las tarifas no solo de electricidad sino también de gas y de transporte de pasajeros, mucho más luego del intento de restricción de los servicios nocturnos de los colectivos por parte de las empresas del sector.

Pero además de los subsidios a los servicios públicos, deben tenerse en cuenta los transferidos a otras empresas (Correo Argentino, Entidad Binacional Yacyretá, Télam, Yacimientos Carboníferos Fiscales, etc), así como sectores (principalmente la explotación de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta).

Los subsidios del Estado nacional comenzaron a cobrar importancia a partir de 2002, cuando debieron renegociarse los contratos con las empresas de servicios públicos una vez que dejó de tener vigencia la ley de Convertibilidad.

Como las tarifas habían sido pactadas en base a la cotización del dólar, se buscó evitar un impacto negativo en los sectores más vulnerables de la sociedad, a los que si no hubiera mediado la renegociación se les habría triplicado la tarifa en pocos meses.

Una vez superado el primer tramo de la crisis, hubo algunos intentos por ajustar las tarifas y suprimir o al menos atenuar el nivel de los subsidios, aunque en todos los casos fueron infructuosos. En un primer intento, el vicepresidente Daniel Scioli instó a llegar a una solución, lo que le valió su primer enfrentamiento con el presidente Néstor Kirchner. Posteriormente, el ministro Roberto Lavagna buscó avanzar con un aumento de tarifas, que fuer frenado en la Justicia.

Años después, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner inició su segundo mandato con la consigna de “sintonía fina” para aplicar aumentos segmentados, pero la tragedia de Once archivó el intento.

En la Presidencia de Mauricio Macri, si bien también hubo cortocircuitos judiciales al respecto, se avanzó con la baja de subsidios tanto en términos reales como absolutos (los de 2017 fueron inferiores a los de 2016 pese a la inflación), pero a costa de un importante aumento de tarifas.

El impacto que esos incrementos tarifarios tuvo en la población obligó a un viraje de la política en el segundo trimestre de 2019, cuando se inició un nuevo congelamiento que se extendió hasta la actualidad. Los vaivenes con los subsidios quedaron reflejados en su proporción del déficit fiscal con el transcurso de los años.

En 2015, último año de la Presidencia de Fernández de Kirchner, representaron el 212,1% del déficit primario y el 110,8% del financiero. En 2016, los subsidios pasaron a ser el 70,2% del déficit financiero, pero aún sobrepasaban al primario (188,7%). En 2017 fue la única vez en que los subsidios fueron inferiores a los dos déficits, al representar el 83,7% del primario y el 40,9% del financiero.

En 2018, cayeron al menor nivel respecto del déficit financiero (38,7%) pero se elevaron nuevamente en relación con el primario (116,1%). El congelamiento de tarifas de 2019 se reflejó en un leve aumento de la relación de los subsidios con el déficit financiero (40,5%) y una disparada en su proporción con el primario, que llegó al 569,1%, el máximo desde 2012.

Con la Presidencia de Alberto Fernández, se redujo la participación respecto del déficit primario al 194,8%, pero subió al 78% en relación con el financiero. Finalmente, el primer trimestre de 2021 mostró un aumento en las dos variables: los subsidios pasaron a ser el triple del déficit primario (300,9%) y volvieron a superar al déficit financiero después de seis años, con un 100,9%.