El conflicto entre la empresa de colectivos Metropol y el Gobierno se acrecienta con el correr de las horas. Mientras la firma reclama el pago de una importante suma al Ejecutivo y profundiza el cese del servicio en más líneas, desde el Ministerio de Transporte aseguran que no existe resolución judicial que determine dicho pago y advierten sobre las sanciones que pueden afectar a la empresa.

Desde Metropol sostienen que cuentan con una medida judicial que ampara su reclamo por lo que desde las 00 de este miércoles extendieron la interrupción de su servicio a 23 líneas de transporte que unen la Ciudad de Buenos Aires con distintos puntos del conurbano bonaerense. En la jornada previa la huelga abarcaba a seis líneas y la reducción progresiva de otras nueve.

"Informamos la interrupción total de servicio en las líneas 65, 90, 151, 176, 194, 195, 228, 237, 276, 310, 322, 326, 327, 336, 365, 386, 392, 448, 503, 504, 507, 510 y 670 a partir de las 0 del miércoles 12 de abril, por falta de insumos básicos para operar, debido al continuo incumplimiento del Ministerio de Transporte de la Nación a una medida judicial favorable a Metropol", indicó la empresa en su cuenta de Twitter.

Ante este panorama, desde la cartera de Transporte nacional aseguraron que “es importante remarcar que actualmente no existe ninguna resolución judicial firme que determine la obligación del Ministerio de Transporte de la Nación de abonar el monto solicitado por la empresa”.

Al mismo tiempo, advirtieron que “al tratarse de una prestación de servicio público, la decisión de interrumpir unilateralmente el servicio podría ocasionar sanciones a la empresa por los problemas que ocasiona a los usuarios y usuarias”.

La secretaria de Gestión de Transporte de la Nación, Jimena López, señaló en declaraciones radiales que “Metropol definió un lockout patronal, inhabilitando a la ciudadanía para el uso de un transporte que es un servicio público, por lo tanto es esencial” e indicó que “el lockout que decidieron es en reclamo del pago en concepto de una deuda que ellos dicen que les impide funcionar, pero que no tiene una resolución judicial”.

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A su vez, sostuvo que “no es un paro por reclamos salariales, sino que tiene que ver con una decisión unilateral del grupo Metropol que reclaman un pago que está en una medida que el juez no decidió si lo tenemos que hacer o no y de qué manera”.

En ese sentido, puntualizó que “el Ministerio de Transporte de la Nación ha hecho diferentes propuestas en la sede judicial, pero todavía lo que no hay es la sentencia que corrobore y que les dé la razón en relación al dinero que se reclama. Entonces ¿por qué nosotros tendríamos que hacer un depósito de 2.400 millones de pesos que es lo que ellos reclaman cuando la justicia no se expidió?”.

Continuando en esa línea, expresó que “nosotros como Estado le estamos dando pelea judicial a lo que ellos dicen, inclusive hay consignada por resolución una cuenta judicial, pero no hemos llegado al pago porque lo que ellos pretendían es que sacáramos el dinero de donde fuera para pagarles, y hay una realidad, que es que el dinero se utiliza para los subsidios al transporte. Y sacar para pagarles a ellos afecta derechos de terceros”.

La funcionaria nacional se mostró preocupada por los pasajeros que se ven afectados por el cese del servicio indicando que “hay miles de personas que toman esas líneas de colectivos y que este grupo particular, dejando de prestar el servicio, decide utilizar como rehén”, lo que consideró como “una falta grave porque no es un paro por motivos salariales que sería más que entendible, es un lockout patronal. Lo que a mí me preocupa es que la gente hoy pueda llegar a laburar. La ciudadanía es tomada de rehén de un tema que no eligió, y nosotros estamos tratando que se reestablezcan los servicios de la mejor manera”.