Con la intención de promover un mercado de carbono transparente y seguro en Argentina, el senador Alfredo De Angeli (PRO) y el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) han presentado un proyecto de ley en el Congreso. 

Esta propuesta, titulada "Presupuestos Mínimos para la Implementación de Proyectos de Mitigación de Gases de Efecto Invernadero", busca proporcionar un marco legal que garantice seguridad jurídica y fomente la inversión en proyectos que contribuyan a la captura y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en el país.

La iniciativa es fruto del trabajo conjunto entre legisladores y la Mesa Argentina de Carbono, organización que agrupa a actores de toda la cadena de valor del mercado de carbono. Este esfuerzo también ha contado con el apoyo de organizaciones internacionales como la International Emissions Trading Association (IETA) y la Red Latinoamericana de Asociaciones de los Mercados de Carbono, las cuales han colaborado en la estructuración de la normativa.

Un mercado en crecimiento y con gran potencial para Argentina

El mercado de carbono ha crecido exponencialmente a nivel global desde su inicio en 2005, y Argentina ha sido parte tanto de los mercados regulados como de los voluntarios. Actualmente, el país cuenta con más de 60 proyectos de reducción de emisiones registrados. 

Según datos de la Mesa Argentina de Carbono, a nivel global existen más de 12.000 proyectos de esta naturaleza, y América Latina representa el 22% de los créditos de carbono emitidos, liderada por Brasil y México.

Para Juan Pedro Cano, coordinador de la Mesa Argentina de Carbono, este proyecto de ley es fundamental para atraer inversiones internacionales hacia el país. “La creación de un entorno legal transparente y seguro posicionará a Argentina como un destino atractivo para inversiones en este sector”, afirmó Cano. 

La Mesa de Carbono calcula que si Argentina desarrollara proyectos en tan solo el 10% de su superficie agropecuaria y forestal, los ingresos generados por la comercialización de certificados de carbono podrían oscilar entre 250 y 350 millones de dólares anuales. Esta cifra podría elevarse a entre 1100 y 1750 millones de dólares si los proyectos se extendieran al 50% de la superficie.

Un marco legal para el crecimiento sostenible

Los legisladores detrás de la propuesta consideran que un marco regulatorio adecuado podría no solo mejorar la transparencia y la seguridad en el sector, sino también fomentar el desarrollo sostenible de los mercados de carbono. Actualmente, muchos actores en la Argentina ya operan voluntariamente en este mercado sin un marco legal nacional que los respalde. 

El proyecto de ley busca precisamente brindarles la seguridad jurídica que requieren tanto los desarrolladores como los compradores de créditos de carbono, facilitando además la participación del sector privado en la mitigación de emisiones sin la necesidad de inversiones públicas.

Para el país, el desarrollo de un mercado de carbono sólido no solo representa una oportunidad económica, sino también un mecanismo clave para avanzar en sus compromisos internacionales en materia de reducción de emisiones de GEI. 

La implementación de esta ley permitiría a Argentina convertirse en un proveedor importante de reducciones de emisiones en el ámbito global, contribuyendo a la lucha contra el cambio climático al tiempo que impulsa un sector con gran potencial de crecimiento económico y sostenibilidad.