Por Agustín Etchebarne (*)

Es inútil tratar de determinar cuándo empezó la decadencia de Argentina. Como todo fenómeno complejo, es el resultado de miles de causas interconectadas.

Pero está claro que lleva muchas décadas. Algunos pueden encontrar el germen del mal en la reforma de 2008, que cambio el sistema educativo. Otros, en la inauguración del Canal de Panamá, que coincide con la primera guerra mundial en 1914.

Más común es utilizar como hito al golpe militar del general Uriburu en 1930, que coronó el triunfo del nacionalismo que había crecido durante los gobiernos de Yrigoyen.

Lo que es indiscutible es que, si observamos nuestra posición en el ranking global de ingresos de los trabajadores promedio, venimos cayendo desde la década de 1940.

Ese índice muestra con claridad como perdemos posiciones en el ranking porque crecíamos más lento que los que nos fueron pasando: europeos, americanos, asiáticos, y ahora Botswana. Pero al menos todavía crecíamos.

Ahora es peor. Desde 2011 estamos en franca caída, agravada en estos últimos tres años consecutivos de contracción de la actividad económica: -2,5%, -2,2%, y ahora -12,1%.

En mi visión, estamos viviendo una crisis terminal que, aunque no fue causada por la pandemia del COVID-19, coincide con ésta. La caída de la Argentina fue muy superior a la caída de Brasil tanto en velocidad como en grado.

Por la cuarentena y la ineficacia, caímos 26% en el mes de abril, superando ampliamente la caída del 11,4% que tuvo Brasil en ese mismo mes. Nuestro vecino no solo tuvo una caída menor, sino que su recuperación es más rápida. Está creando 400.000 empleos por mes y está recuperando todo lo perdido, terminando el año con un saldo positivo.

En cambio, Argentina está en crisis desde 2018, y no se trata de una crisis cíclica como muchas otras. Se trata de una crisis terminal, no solo porque la inflación se está desatando nuevamente, están quebrando 100.000 empresas, se fueron muchos empresarios, incluyendo a siete de los ocho dueños de unicornios argentinos, sino también porque se van jóvenes profesionales que encuentran éxito en el exterior, la pobreza va a superar el 50% y dos de cada tres jóvenes son pobres.

El sistema actual no tiene arreglo posible. Ya no hay forma de poner parches y seguir tirando una década más y tampoco veo la manera de volver a tener un crecimiento sostenido.

El gobierno actual, con sus nuevos 15 aumentos de tasas y contribuciones que se suman a los aumentos de tasas de algunas provincia, incluyendo a CABA, no va a salir de la crisis.

Ni si siquiera con el fuerte aumento de la soja, que llegó a 427 dólares por tonelada, o la salida de la cuarentena. Veremos una cierta recuperación, pero no llegaremos ni por asomo a los niveles de 2017.

La inflación está creciendo fuerte. Del 30% del primer semestre, estamos en un nivel cercano al 60% si anualizamos lo esperado para el tercer trimestre, lo cual nos indica que el año próximo la inflación puede ser el doble del 28% pronosticado por Guzmán en el presupuesto, o incluso mucho más si se dispara.

La crisis es terminal porque no hay forma de que 7,5 millones de trabajadores en el sector privado formal puedan seguir pagando a los 22 millones de familias que viven del Estado.

No hay salida ni por el endeudamiento, en un país que tuvo nueve defaults, ni por la inflación que ya se acelera peligrosamente.

La buena noticia es que muchos jóvenes han acertado el diagnóstico, comprendiendo dónde está el problema. Con el diagnóstico correcto y en una gran crisis, debemos concluir que estamos frente a una gran oportunidad.

Argentina no debe buscar parches ni arreglos parciales sino que debemos poner un grupo de 30 economistas liberales que hagan las reformas estructurales necesarias: tener moneda sana (dolarizar), liberar a las empresas y a los ciudadanos de la maraña de regulaciones que los entorpecen, eliminar la mayor parte de los 170 impuestos y liberar el empleo.

Las elecciones del año próximo serán cruciales. Es muy probable que el oficialismo pierda las mayorías, pero es la oportunidad para que nazca una tercera fuerza que defienda con franqueza las ideas de la vida, la libertad, la igualdad ante la ley, la propiedad privada, y la cultura del trabajo de nuestros bisabuelos.

Para eso será necesario volver a organizar la red de 100.000 fiscales que defiendan cada voto y defender que se mantengan las PASO y que no pretendan manipular la elección con el voto por correo.

(*) - Director general de Libertad y Progreso.