Coparticipación: cuánto aporta y se lleva cada provincia

Por Marcelo Bátiz

El recorte de, por el momento, 1,18 punto porcentual a las transferencias del Estado nacional a la Ciudad de Buenos Aires introdujo un nuevo parche en el esquema de distribución de recursos de la Coparticipación Federal de Impuestos.

El resultado de los sucesivos retoques a la distribución establecida en la ley original de 1988 es una maraña difícil de entender aun para los especialistas en materia, al punto que la Comisión Federal de Impuestos (CFI), el organismo que se encarga de controlar la correcta aplicación del reparto de los recursos, no duda en denominarlo “El laberinto de la Coparticipación”.

Precisamente, la CFI acaba de dar a conocer la última versión del “laberinto”, en un trabajo de actualización permanente que realiza hace años el economista Vicente Alberto Pollola y del que surge que la mención al “laberinto” no es caprichosa: del reparto original establecido en la ley 23.548 de enero de 1988 no queda nada igual.

Eso es una consecuencia de las permanentes modificaciones, producto tanto de la creación de nuevos impuestos desde entonces como también de alteraciones en el reparto de la recaudación de los ya existentes.

En 1994 la Coparticipación pasó a tener status constitucional con la reforma a la Carta Magna y la CFI convocó a un seminario para analizar los por entonces ya complicados mecanismos de distribución.

El invitado estrella de entonces fue el profesor de la Universidad de Toronto, Richard Bird, a quien le solicitaron su opinión, teniendo en cuenta que era uno de los más reconocidos especialistas internacionales en materia de federalismo fiscal.

Bird no pudo salir de su asombro al observar un diagrama de distribución que por entonces era mucho más sencillo que el actual y exclamó una frase que la CFI sigue usando después de 26 años: “¡Esto es un laberinto!”

Si esa fue la reacción de uno de los principales expertos en federalismo fiscal del planeta, no puede sorprender que al argentino común y corriente le cueste entender a dónde va a parar la recaudación de los impuestos que paga cotidianamente.

La confusión no es privativa del ciudadano medio, también viene dando lugar a debates y reclamos entre la Nación y las provincias sobre lo que cada parte considera la correcta asignación de recursos.

La ley de Coparticipación dispuso hace más de 32 años que del total de la masa de recursos coparticipables, la Nación se quedaba con el 42,34%, las provincias (por entonces 22) con el 54,66% más el 2% de recupero de nivel relativo para Buenos Aires, Chubut, Neuquén y Santa Cruz y el 1% restante para los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Hoy de ese reparto no queda nada en pie, más allá del 1% de los ATN.

Antes de empezar a repartir, a todos los impuestos se les detrae el 1,9% en concepto de “autarquía de la AFIP” para financiar el funcionamiento del organismo recaudador, pero como paso siguiente hay que prestar atención impuesto por impuesto, porque la distribución no es igual en todos los casos.

La determinación de cuánto le corresponde a cada una de las 25 partes no es sencilla, ya que en el reparto entran en juego tanto porcentajes como sumas fijas para el financiamiento de diferentes organismos.

En consecuencia, nadie puede decir de antemano qué porcentaje efectivo le corresponde a una provincia, ya que eso está condicionado al peso de la combinación de porcentajes y sumas fijas sobre una recaudación variable.

Por ejemplo, se puede tomar la recaudación de IVA en agosto, que fue de $1.178.941.354.000. De acuerdo con los criterios establecidos en la ley de Coparticipación original, a la provincia de Buenos Aires le hubieran correspondido $146.941.340.477,56, pero el resultado final, después de los sucesivos parches, es el siguiente:

* La distribución no es sobre el IVA bruto sino sobre el neto de devoluciones y reintegros, lo que implica una quita de más de $28.700 millones.

* A la suma que queda hay que restarle el 1,9% para la AFIP.

* Del 98,1% restante, el 11% va para la ANSES y el 89% se destina a la “masa bruta coparticipable”. Es decir que el reparto no se hace sobre el 100% de lo recaudado sino sobre el 87,309%, exactamente $1.004.181.804.067,86. En el camino, $174.759.549.932,14 fueron a otros destinos.

* A la provincia de Buenos Aires le corresponde, según la última versión informada por la CFI, el 12,463838% de esa suma, es decir $125.159.593.284,49.

El “laberinto”, entonces, no es gratuito: el mes pasado a la provincia de Buenos Aires (y, en rigor, a todas las demás provincias) se les dio un 14,82% menos de los recursos que les hubiera correspondido de acuerdo con los criterios de distribución de la ley de 1988.

Mucho peor fue entre 1992 y 2015, cuando rigió la detracción de un 15% antes de la distribución para financiar a la ANSeS, ya que en ese caso el reparto no era sobre el 87,309% del total sino sobre el 74,21%.

Más difícil de comprender es el destino del impuesto a los combustibles líquidos que cada automovilista paga al cargar nafta, ya que no se trata de un porcentaje sino de una suma fija ajustable periódicamente (en octubre volverá a actualizarse) y su distribución no tiene nada que ver con lo establecido en la ley 23.548.

En el caso de la nafta de hasta 92 RON, el impuesto hoy es de $15,277 por litro. Los problemas empiezan con su distribución:

* Como en todos los casos, el 1,9% se destina a la AFIP

* Pero el 98,1% restante no se distribuye sólo entre Nación y Provincias: el 28,69% va para la ANSES, el 10,4% al Tesoro Nacional, el 4,31% al Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, el 28,58% al de Infraestructura de Transporte, el 2,55% como Compensación al Transporte Público, el 15,07% a las provincias para obras del FONAVI y, por fin el 10,4% a las provincias, es decir menos de la quinta parte del reparto de la ley de Coparticipación.

* El laberinto no termina ahí, ya que ese 10,4% debe distribuirse entre Vialidad (60%), Obras de infraestructura (30%) y el Fondo Federal de Desarrollo Eléctrico del Interior (FEDEI, 10%).

De lo que se desprende que por cada litro de nafta despachado en cualquier estación de servicio del país, a Buenos Aires se le asignan 30 centavos y medio ($0,305) para obras de vialidad y a Tierra del Fuego 17 diezmilésimos ($0,0017) para obras de infraestructura.

Los ejemplos pueden seguir y nadie está en condiciones de asegurar que no habrá nuevas modificaciones, con un Estado nacional y 24 jurisdicciones disputándose porciones de una torta cada vez más pequeña en términos reales.

Y en la que una modificación, forzosamente, implica que al menos uno de los 25 participantes tenga algo que ceder si es que otro considera que le corresponde una porción mayor.