Los contactos de alto nivel que ya mantiene el presidente Alberto Fernández en Europa le permitirán tener más claro si existe margen de maniobra para postergar pagos con el Club de París y el FMI, al menos hasta después de las elecciones legislativas.

Justo antes de emprender su viaje, el jefe de Estado lanzó una frase cuyo alcance real los mercados y agentes económicos aún siguen tratando de descifrar.

"La prioridad son los argentinos con hambre, los acreedores deberán esperar", dijo, al lanzar medidas destinadas a paliar una crisis social que mantiene sumergido en la pobreza al 45% de los habitantes de la Argentina.

Las próximas semanas develarán si fue una frase retórica destinada a contener el frente interno, o el anticipo de que empieza a cobrar forma la decisión de diferir pagos con el Club de París y el FMI, haya o no acuerdo formal. 

La aspiración de máxima parece apuntar a que el Club de París acepte una postergación del vencimiento por US$ 2.400 millones de fines de mayo.

En rigor, el vencimiento -que ya fue prorrogado un año- comenzó a regir el 5 de mayo último y, de no pagar la Argentina hasta el 30 de este mes, empezará a correr un período de 60 días antes de declarar al país formalmente en default.

Si se toma en cuenta la letra chica rigurosa del acuerdo, el último plazo para evitar una cesación de pagos vencería así a fines de julio.

El Gobierno aspira a obtener un acuerdo político con los países miembros de ese club de acreedores.

También que el Fondo Monetario permita dejar para después de las legislativas de noviembre un acuerdo de reprogramación de la deuda por casi US$ 45.000 millones heredada del gobierno de Mauricio Macri.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, ya explicó que para alcanzar un nuevo programa con el FMI hace falta construir múltiples niveles de consenso. 

Y enfatiza que lo más importante no es que se haga rápido, sino que se haga "bien".

Parte de ese objetivo lo persigue esta gira europea presidencial -Portugal, España, Francia e Italia-, aunque la última palabra la tendrá el gobierno de Estados Unidos, decisivo para todo lo vinculado con el FMI.

Ambos logros le permitirían a Alberto Fernández contar con margen más amplio para contener la crisis y diseñar políticas sociales en medio de la segunda ola de la pandemia.

El cristinismo -decisivo en la alianza gobernante- hasta presiona desde el Congreso para que los Derechos Especiales de Giro (DEG) que el FMI aportará a la Argentina, entre otras naciones, no se usen para pagarle al Fondo los vencimientos de este año pendientes, por unos US$ 4.900 millones.

Promueven que ese aporte se use para hacer política antes de las elecciones, pero esa aspiración choca contra un muro casi imposible de derribar.

Los DEG son acreditaciones contables que se pueden usar para saldar deuda con el organismo o hacer figurar en las reservas, no habrá dinero contante y sonante de por medio.

El rol de Guzmán.

Valorado por el Presidente, el ministro Guzmán llegó a esta gira en medio de tensiones con sectores del cristinismo, que parecen cuestionarle ciertas decisiones observadas por ese grupo de poder casi como un giro a la ortodoxia económica.

El recorte del déficit fiscal y la suba de tarifas para achicar los subsidios defendidas por el jefe Economía, hacen ruido en la alianza gobernante.

Ya quedó claro que fue la vicepresidenta Cristina Kirchner quien ordenó al subsecretario de Energía, Federico Basualdo, resistir en el cargo tras el pedido de renuncia que le llegó de parte de Guzmán.

La razón de fondo: Cristina considera que esa área es central para resistir una nueva suba de tarifas de electricidad en la segunda mitad del año, como pretende el ministro, luego de autorizar un alza del 9%.

"Los tarifazos y las elecciones no se llevan bien", explican cerca de la vicepresidenta, que siempre manejó con destreza el ´timing´ para anunciar las malas nuevas, como lo demostró cuando decidió esperar a ganar la reelección en 2011 para recién entonces poner en marcha un cepo cambiario.

Guzmán considera tener margen para pelear por un recorte de subsidios a la energía, que desempeñan un rol central en el marco de su intento por mostrar que existe la decisión política de ir ordenando las cuentas y "tranquilizar" la economía.

El ministro sorprendió a propios y extraños cuando pidió hacer una "autocrítica" sobre los subsidios de tarifas.

Y mostrando más cintura política de la esperada, cuestionó sin nombrarlo al esquema de subsidios a las tarifas cuyo origen anida en el propio kirchnerismo/cristinismo.

Advirtió que ese sistema es "pro-rico" y propuso "afinar el uso de recursos del Estado para implementar políticas de protección social más robustas".

Habrá que ver si existe espacio entre sectores cercanos a Cristina Kirchner que parecen tenerlo apuntado, para ceder terreno a una autocrítica.