Los acuerdos de precios y salarios, como el que procura establecer el Gobierno del presidente Alberto Fernández, son apenas “meras buenas intenciones” si coexisten con una elevada emisión monetaria y déficit fiscal, que generan en sí mismos una fuerte presión inflacionaria, sostuvo el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA).

La entidad dirigida por Jorge Colina consideró que en la actual coyuntura para el Gobierno “es clave priorizar” el ordenamiento de la administración y de esa manera alcanzar el equilibrio de las cuentas públicas y reducir la necesidad de emisión de pesos, principal fuente de financiamiento del déficit ante las dificultades de acceso al crédito a tasas razonables.

Si bien destacó la “importante disminución” de la inflación que pasó del 53,8% en 2019 al 36,1% en 2020, IDESA señaló que esa baja “tiene que ser evaluada en el contexto muy atípico que planteó la pandemia y el confinamiento”.

Al respecto, recordó que “en abril del 2020, cuando se planteó el encierro más estricto, la inflación se ubicó en el orden del 1,5% mensual” pero “a medida que el confinamiento se fue relajando, la inflación aumentó hasta el 4% mensual en diciembre”.

Eso demostraría que la inflación siguió la misma tendencia que el consumo, que “comenzó a recuperarse luego de una fuerte disminución en abril” y para fin de año “los precios crecieron a ritmo similar al registrado antes del confinamiento”.

“Se espera que en enero el alza se acentúe, lo que genera justificada preocupación en la sociedad”, destacó, a la espera del informe sobre el Índice de Precios al Consumidor que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dé a conocer el 11 de febrero.

Más allá del resultado de enero, IDESA se alineó con el resto de las consultoras al prever para 2021 una inflación mayor a la del año anterior, fundamentando su pronóstico en que en 2020 “la cantidad de dinero en poder del público pasó de $2,5 a $4,6 billones, o sea, se expandió un 84%”, pero a su vez la actividad económica tuvo una caída estimada en alrededor del 12%.

Con emisión monetaria y déficit fiscal, los acuerdos de precios son “meras buenas intenciones”

“Que haya más dinero en poder de la gente y menos oferta de bienes y servicios genera un desbalance que mantiene una fuerte presión sobre los precios. Esto hace presagiar que en el 2021 la inflación seguirá creciendo”, sentenció.

IDESA admitió que “parte del desbalance se corregirá con la recuperación de la producción” pero las diferentes magnitudes dejan un amplio margen para el aumento de precios.

En ese sentido, indicó que “mientras que el dinero real en poder de la gente aumentó 35%, el gobierno proyecta que el PBI crecerá 5,5% en 2021, 4,5% en 2022 y 3,5% en 2023”, un crecimiento acumulado del 14% en tres años, que dejaría al país en 2023 con la misma cantidad de bienes y servicios disponibles que en 2019.

Pero en los dos años que faltan para llegar a ese objetivo, además del 35% de mayor cantidad de pesos “el déficit fiscal seguirá obligando a emitir y aumentar el dinero en poder de la gente”.

Para contener la inflación, “todos los instrumentos que usa el Gobierno tienden a generar mayor emisión monetaria a futuro”, como la absorción de pesos a través de pases y leliq, la emisión de títulos atados al dólar o los subsidios para evitar la suba de tarifas.

“En este marco, los acuerdos de precios y salarios pueden ayudar a contener presiones inflacionarias, pero de manera transitoria”, remarcó IDESA, que al respecto trajo a colación el acuerdo salarial de La Bancaria, en el que se estableció “un aumento del orden del 30% acorde con la inflación oficial proyectada, pero con cláusula de revisión”, de lo que se desprende que “ni siquiera un sindicato oficialista, como el de bancarios, confía en la meta oficial” de 29% de inflación.