Uno de los principales críticos del proyecto de ley de Presupuesto 2021 no proviene de filas opositoras ni de los economistas que integran el establishment financiero, sino de un funcionario del propio Gobierno nacional, a juzgar por el análisis que formuló el director del Banco Nación, Claudio Lozano, a la iniciativa próxima a ser sancionada por el Senado.

En un informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) que dirige, Lozano cuestionó los lineamientos del proyecto, al que consideró "neodesarrollista", por entender que prioriza las garantías a la inversión productiva por sobre "todo intento de política de ingresos de shock" y que basa la reducción del déficit en la contracción del gasto público, con bajas de los salarios estatales y las jubilaciones en términos reales.

Asimismo, el ex diputado advirtió sobre los riesgos de dar por superada la actual condición sanitaria, al punto que el proyecto no tiene en cuenta la continuidad de varios programas adoptados en la emergencia, como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) o la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP).

"La ausencia de una cura o vacuna efectiva convierte en una utopía comenzar un enero sin rastros de la pandemia", alertó, al tiempo que remarcó que aun cuando esta llegase a su fin "es una cuestión muy distinta suponer que los efectos sociales y laborales desaparezcan con esta".

En ese sentido, Lozano subrayó que "la crisis sanitaria ha dejado al descubierto serias problemáticas sociales que debieran constituirse en la guía de prioridades para la asignación presupuestaria: el hambre, la pobreza, hacinamiento habitacional y acceso a los servicios públicos esenciales con el agua potable, la salud y la educación en primer término".

"Como adelanto de este exagerado optimismo respecto a la recomposición de algunos sectores el gobierno parece haber descartado la continuidad del pago del IFE para lo que resta del corriente año dando comienzo a un 2021 sin el pago de un ingreso universal", manifestó.

Otro de los puntos que Lozano criticó del cálculo de gastos y recursos es que "la política de ingresos no será, según una lectura textual de la letra de los planes de gobierno, la palanca para la reactivación económica".

"La apuesta del gobierno es exactamente al revés, sería el repunte de la actividad privada la que recomponga el empleo y así los ingresos", indicó, en una decisión que calificó como "un precio demasiado alto para cumplir con el imperativo de reducir el rojo en las cuentas públicas".

Por otra parte, sostuvo que "la pauta de inflación del 29% también resulta optimista si consideramos que, en este año, con un desplome de actividad del 12%, la inflación cerrará en un 32%".

Para que haya una desaceleración de la inflación, Lozano planteó que debe establecerse "un control más agresivo de precios que intervenga sobre las cadenas de producción oligopolizadas, como también del tipo de cambio admitiendo la necesidad del control público de las divisas provenientes del comercio exterior".

En cuanto a la reducción del déficit financiero de un 10,3% del PBi en 2020 a un 5,6% en 2021, el director del Banco Nación aseguró que se base en una contracción del gasto, "en particular los salarios públicos, las prestaciones previsionales, asignaciones familiares y transferencias de ingresos a los hogares".

Al respecto, aseveró que habrá "un ajuste de 2,6 puntos porcentuales del gasto social y en especial el correspondiente a la seguridad social", en tanto "las transferencias corrientes a los hogares caerían en términos reales un 50%".

Lozano tuvo una mención especial a los salarios de los estatales de la administración nacional, en los que si bien reconoció que "el presupuesto presenta un aumento nominal del 35,6% que implicaría una recuperación real del 5,1%", también señaló que "la anualización de los últimos valores disponibles" dan cuenta de "una pauta de aumento del 23% que significa que los salarios de los estatales deberán enfrentar una caída real del 4,5% si no se realiza un refuerzo".

"Algo similar ocurre con las prestaciones previsionales, el proyecto de ley estipula un incremento real del 1,6% pero si consideramos los últimos valores de los haberes (septiembre y diciembre) la caída real implícita en el presupuesto para el 2021 estaría entre el 7,4% y el 12%", puntualizó.