Por Mercedes D´Alessandro (*)

Buenos Aires, 19 julio (Especial para NA) -- La pandemia puso a la luz desigualdades estructurales de nuestro país. Ante eso, el Gobierno actuó rápidamente para reforzar mecanismos y generar herramientas que prioricen la salud, sostengan a la población más vulnerable y cuiden el tejido productivo.

El Estado está jugando un rol protagónico frente a esta crisis. Ni el más ortodoxo de los economistas hoy pensaría que es momento de dejar todo librado al mercado.

En la Argentina, las personas más ricas tienen ingresos 22 veces mayores que las más pobres, alrededor del 40% de los trabajadores tiene un empleo informal y hoy se ven más expuestos a perderlos, y con ellos su modo de subsistencia.

Se hacen visibles las brechas al acceso a la tecnología que dificultan las posibilidades de estudiar y teletrabajar, y la infraestructura habitacional y el acceso al agua se vuelven esenciales para lidiar con las posibilidades de contagio.

Estas desigualdades, además, son mayores si las vemos a través de la perspectiva de género. Las mujeres ganan 28% menos que varones, brecha que aumenta a 37% cuando son informales. Enfrentan mayores niveles de precarización laboral y desempleo.

Además, dedican 3 veces más de tiempo a limpiar, cocinar o hacer compras así como a cuidar niños/as y adolescentes, personas con discapacidad y adultos/as mayores. Siguiendo el principio de empezar por los/as últimas para llegar a todes, es que gran parte de las medidas que se tomaron frente a la crisis del COVID están orientadas a los sectores más pobres.

El 68% de las transferencias que realizó el Estado fueron a el 50% de los hogares de menores ingresos.

Gracias al sistema de protección social de nuestro país, los refuerzos a AUH, AUE y Alimentar permiten proteger la situación de casi 4,6 millones de niños/as y adolescentes que viven en hogares vulnerables.

Entre los casi 9 millones de personas que reciben el Ingreso Familiar de Emergencia, el 55,7% son mujeres así como el 61% son jóvenes menores de 35 años.

Estas políticas funcionan como una malla de contención ante una situación que golpea con fuerza el trabajo y los ingresos. Cuando se habla de economía, en general se piensa en la industria, la construcción o el transporte.

Pero frente a la pandemia, la parte de la economía que más se encendió es aquella menos visible. Las tareas que se hacen al interior del hogar, la actividad de los comedores en los barrios o el sistema de salud, son más difíciles de entender como partes centrales del proceso económico. Pero lo son.

Ante el virus, las medidas de aislamiento y frente al cierre de escuelas y espacios de cuidado, estas tareas se volvieron un factor más relevante aún aumentando las horas necesarias para cubrirlas.

Muchas personas tuvieron una recarga que generó grandes obstáculos para seguir asistiendo a sus trabajos en el caso de trabajadores/as esenciales y también para teletrabajar.

Así como el sistema económico necesita de la circulación de los bienes y servicios para funcionar, también necesita de un sistema de cuidados que toma diversas formas.

¿Qué pasaría si mañana todos tuvieran que volver a sus puestos de trabajo pero sin escuelas, jardines o trabajadoras domésticas?

Más de la mitad de las y los trabajadores de la Argentina tiene niños/as y adolescentes en sus hogares. ¿Cómo haría una madre que vive con dos hijes pequeños para reincorporarse a su trabajo de vendedora?

Esos son los desafíos a resolver para que las brechas entre varones y mujeres, entre pobres y ricos, no se sigan ampliando.

Y es por eso que la perspectiva de género entra al debate de la política económica para pensar la post pandemia.

El modelo de recuperación y de desarrollo económico que tenemos por delante empieza, de a poco, a incorporar nuevas dimensiones y a reconocer aquellos trabajos esenciales que hacen millones de mujeres todos los días.

(*) Directora de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía de la Nación.