“El señor del charco”, Juan Carlos López Mena rompió lanzas con la administración de Luis Lacalle Pou por la tasa de U$D 2,10 más IVA que aumentará el precio de venta al consumidor final de cualquier pasaje vendido para viajar de febrero de 2025 en adelante. La medida comenzará a regir desde el 1 de mayo de este año y fue suficiente para que Buquebus sume un nuevo problema, esta vez en la otra orilla del río de La Plata.

Porque el dueño de la empresa, Juan Carlos López Mena, acumula rencores personales con los presidentes uruguayos sean del partido que sean.  

Con “Pepe” Mujica terminó de la peor manera posible. En público, explicó de manera diplomática las razones que jaquearon a su empresa durante el mandato del líder del Frente Amplio.  

“Me expropiaron la terminal 10 años antes de su vencimiento. Lo hizo el expresidente José Mujica. Me aumentaron de 4 millones a 9 millones lo que pagaba. Diría que tengo buenas relaciones, porque las personas son buenas, pero después toman decisiones equivocadas”. 

Luego de apoyar decididamente la candidatura presidencial de Luis Lacalle Pou, el empresario naval argentino-uruguayo, cometió un error si pensó que tenía “patente de corso”. 

Ese derecho que alguien se atribuye para hacer o decir lo que se le viene en gana no prosperó en Montevideo y López Mena sufrió un desplante difícil de ocultar de parte de Lacalle Pou. 

La “batalla por la tasa” que servirá para implementar un nuevo control migratorio en Montevideo podría no haberse desatado si los funcionarios de Lacalle Pou no hubieran tratado despectivamente el ofrecimiento de López Mena. 

En agosto de 2022, ejecutivos de Buquebus le ofrecieron a los funcionarios de la Dirección Nacional de Migración de Uruguay, hacerse cargo de los costos económicos para “la construcción e implementación del software” de control fronterizo y las “adecuaciones tecnológicas que permitan la correcta gestión migratoria”, en los puertos de Uruguay, según explicó López Mena de puño y letra. 

La carta dirigida al director de la oficina de migraciones, Eduardo Mata, nunca tuvo respuesta y, al día de hoy, en Buenos Aires, los directivos de Buquebus aseguran que nunca retiraron la oferta para costear el sistema operativo y evitar recargar en los precios de venta de los pasajes. 

En Montevideo aseguran que la decisión impositiva es irreversible y la tasa se cobrará lo que llevó al abogado de Buquebus, y también de Colonia Express, a realizar acciones judiciales. 

El abogado de Buquebus, Daniel Ochs, asegura que se trata de “una ilegalidad brutal” la medida del ejecutivo de Lacalle Pou porque crea una obligación por decreto y no por ley como establece el artículo 10 de la Constitución de Uruguay, además de no respetar el principio de igualdad de cargas públicas, ya que todos los puestos de control migratorio del país se financiarán con la tasa al turismo fluvial. 

“La única manera de sustentar esta decisión es que digan que las empresas de transporte fluvial tienen mayor capacidad contributiva, pero acá es al revés”, explicó Ochs y puso un claro ejemplo: “la persona que vuela en clase ejecutiva a España no la paga, pero el que ingresa por el puerto de Colonia sí, pese a que las dos deben someterse al control migratorio”. 

Acaso lo que más irrite a Buquebus no sea el cuidado del bolsillo de sus usuarios sino que la medida de Lacalle Pou les impone un socio de prepo. La empresa adjudicataria de la licitación del sistema de control migratorio. 

Buquebus había impugnado el acto de llamado a licitación y, recientemente, realizó una segunda presentación contra la adjudicación del concurso público. “El Estado te pone un socio, porque te obliga a pagarle directamente a la empresa” que realiza el control, explicó el abogado de la compañía. 

La normativa del gobierno indica que, para el caso de los pasajeros de cruceros que ingresen o salgan de Uruguay, el cobro y la retención de la tasa quedará a cargo de la agencia marítima a la que esté consignado el buque. La recaudación mensual de la tasa será retenida por ellas y luego “vertida a mes vencido al proveedor del sistema de control fronterizo adjudicado". 

Buquebus había ofrecido hacerlo gratis, a través de una donación, pero, en realidad se topó con una decisión que tuvo mucho de política de estado porque la iniciativa para licitar un nuevo sistema de control fronterizo surgió durante el segundo mandato de Tabaré Vázquez del Frente Amplio. La compulsa fue realizada por Lacalle Pou del partido Nacional y fue adjudicada a la compañía mexicana Veridos. 

En realidad, Veridos México S.A. de C.V. es parte de un holding mayor de origen alemán. El grupo empresarial conformado por Giesecke-Devrient en conjunto con la Bundesdruckerei o la Imprenta Federal Alemana. 

Estos son los “nuevos socios” de López Mena en Buquebus, a instancias del gobierno uruguayo de Luis Lacalle Pou, con el que sólo puede acumular problemas y rencores.