Las cuotas de los colegios privados bonaerenses con subvención estatal subirán 42,6% en el trimestre julio-septiembre, lo que representa un duro golpe al bolsillo de la clase media. En julio aumentaron 15,6%, mientras que en agosto subirán 18% y en septiembre otro 9%.

La educación es uno de los rubros que la clase media intenta preservar hasta último momento, pero este año se notó un trasvasamiento desde la educación privada a la pública, según especialistas en educación.

Las subas fueron autorizadas por el gobierno de Axel Kicillof y abarcan al nivel inicial, primario, secundario, técnico y agrario y superior.

El aumento se da luego de un reclamo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires (AIEPBA), que agrupa 2.300 establecimientos educativos. Buscaban una suba de aranceles del 22% en agosto, retroactivo a julio y cobrar en cinco cuotas. Por eso, desde el sector consideraron que la suba autorizada como “insuficiente”.

“Con esta comunicación los establecimientos educativos podrán proceder a notificar a los padres y liquidar con los nuevos valores, los meses de agosto y septiembre de 2023. Los establecimientos educativos deberán informar antes del 18 de agosto el valor de sus aranceles para el mes de agosto 2023″, dicta la resolución del gobierno de la provincia de Buenos Aires.

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En la Argentina hay unas 17.000 instituciones educativas privadas, de las cuales casi un 60% cuenta con algún tipo de subvención estatal, que va desde el 20% hasta el 100%.

Con las cámaras que las representan es con quienes el Gobierno pauta los aumentos de las cuotas, pero que varían según la proporción de la ayuda pública.

Frente a la nueva suba de las cuotas, los colegios privados bonaerenses advirtieron que las subas no alcanzan a cubrir el incremento de costos.

En lo que va del año, llevan acumulado un alza de 38,4%, luego de que el gobernador Axel Kicillof autorizara un ajuste del 7,5% en las cuotas a partir de junio.

Según un comunicado de AIEPBA, luego del acuerdo paritario del 30% dispuesto para los docentes estatales y los índices inflacionarios vigentes, “resulta necesario aplicar una recomposición para evitar mayor desestabilización económica de los colegios, que por los desfasajes acumulados en muchos casos tuvieron que asumir deudas desde 2022 para sostener los servicios educativos y en otros agravó la continuidad de las instituciones”.

“Se vislumbra una desactualización en los aranceles que, de no revertirse, puede perjudicar aún más a los colegios, resultando dificultoso el sostenimiento de las obligaciones laborales y el proyecto educativo”, detallaron.