Apueban ley que somete el endeudamiento externo y los acuerdos con el FMI a la aprobación del Congreso
La nueva norma, presentada por el Poder Ejecutivo, fue aprobada en general con 233 votos a favor, 2 en contra correspondientes al Frente de Izquierda y 2 abstenciones.
La Cámara de Diputados convirtió hoy en ley el proyecto de sostenibilidad de la deuda pública, que restringe el endeudamiento en moneda extranjera y establece que los acuerdos con el FMI deberán ser aprobados por el Congreso.
La nueva norma, presentada por el Poder Ejecutivo, fue aprobada en general con 233 votos a favor, 2 en contra correspondientes al Frente de Izquierda y 2 abstenciones, y con el acompañamiento de Juntos por el Cambio, que realizó cuestionamientos de orden técnico a la iniciativa.
Durante el debate, el oficialismo remarcó sus críticas al préstamo de 44.000 millones de dólares contraído con el FMI por la gestión de Mauricio Macri, mientras la oposición les reprochó el déficit fiscal.
El proyecto sancionado con fuerza de ley establece que toda emisión de títulos públicos de deuda en moneda extranjera que exceda lo previsto en el Presupuesto Nacional requiere de la aprobación del Congreso, así como los programas de financiamiento y operaciones de crédito con el FMI, al tiempo que prohíbe destinar esos montos a gastos corrientes.
El oficialista Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, consideró que el proyecto "va a marcar un hito en la historia legislativa del país", al tiempo que lo calificó como "gran paso para afianzar la institucionalidad".
Tras destacar que de aquí en más el endeudamiento estará sometido a la aprobación del Congreso, Heller destacó el objetivo de que "estas deudas no sean utilizados para gastos corrientes, salvo casos de catástrofes", y remarcó: "No nos podemos endeudar en dólares para gastar en pesos, o para gastos que no sean de capital".
Por su parte, el diputado Luciano Laspina, portavoz de Juntos por el Cambio para este debate, señaló que el acompañamiento de la bancada opositora al proyecto se debe a "razones obvias, porque devuelve facultades que son propias del Congreso en materia de deuda pública", pero remarcó que se contradice con la Ley de Administración Financiera.
En este sentido, recordó que esa ley exceptúa de la aprobación parlamentaria a "las operaciones de crédito público que formalice el Poder Ejecutivo Nacional con los organismos financieros internacionales de los que la Nación forma parte", como el FMI, mientras que la nueva norma omite esa excepción.
Por otra parte, Laspina señaló que "la deuda es hija del déficit y puede ser en dólares o puede ser en pesos, como ocurre hoy con la emisión", al tiempo que vinculó los préstamos contraídos por la gestión anterior con lo que llamó un "proceso de vaciamiento que hizo el kirchnerismo del Banco Central".
En tanto, la oficialista Fernanda Vallejos sostuvo que la gestión del presidente Alberto Fernández recibió una "deuda insostenible" y afirmó: "Si en aquel momento hubiéramos contado con esta ley, ese proceso no hubiera avanzado, debería haber atravesado el tratamiento parlamentario".
A su turno, el opositor Luis Pastori criticó el artículo que prohíbe destinar la deuda en dólares a gastos corrientes, al que calificó como "innecesario y confuso", al tiempo que remarcó que "se contrapone con la Ley de Administración Financiera".
Juntos por el Cambio sugirió modificar ese punto, así como el artículo primero, pero el Frente de Todos rechazó los cambios por considerarlos "dilatorios", dado que el proyecto hubiese tenido que ser devuelto al Senado.
El diputado Paulo Cassinerio, del bloque Córdoba Federal que responde al gobernador Juan Schiaretti, apoyo la nueva ley y advirtió que "no es lo mismo tomar deuda para obras de infraestructura que para gastos de capital o para pagar otra deuda".
Alma Sapag, del Movimiento Popular Neuquino, se sumó en cambio a Pastori en su crítica a la prohibición de usar préstamos en dólares para cubrir gastos corrientes y preguntó "de qué manera entonces se va a financiar el déficit".
Los jefes de los interbloques del Frente de Todos y Juntos por el Cambio, Máximo Kirchner y Mario Negri, respectivamente, no hicieron uso de la palabra en este debate, para darle mayor celeridad a la sesión.