Altos funcionarios del FMI enviaron señales negativas hacia la Argentina en los últimos días, que buscarán ser revertidas por el ministro de Economía, Martín Guzmán, durante su raid europeo de esta semana.

El funcionario deberá convencer a los principales miembros europeos del Fondo de que existe consenso político suficiente en la Argentina para encaminar un acuerdo, a pesar de las señales contradictorias que emergen de la alianza gobernante.

En el Viejo continente le preguntarán sobre el respaldo político para realizar los ajustes necesarios en un país donde lo que más crece es el gasto público.

Y ahí el ministro deberá dar explicaciones sobre su plan a tres años para reducir el desequilibrio de las cuentas, y demostrar que tiene apoyo para hacerlo.

Las contradicciones en la alianza gobernante fueron reflejadas por el director para el Hemisferio Occidental del Fondo, Alejandro Werner, uno de los hombres clave en la negociación de 2018 con Mauricio Macri.

"Parece que hay diferencias significativas de opinión dentro de la alianza política del presidente Fernández sobre la dirección que deben tomar, tanto en lo que respecta a la política como a las negociaciones con el Fondo", dijo Werner en un seminario de la calificadora Standard & Poor´s.

Si bien Werner fue desplazado de las negociaciones con la Argentina por su segunda, Julie Kozack, sus palabras hicieron ruido en los mercados.

Y confirmaron que no todo es armonía en el camino que recorre la Argentina para tratar de refinanciar una deuda impagable de US$ 44.000 millones heredada de Macri.

No fue la única mala noticia que llegó desde el Fondo esta semana para Guzmán.

El número dos del organismo, Geoffrey Okamoto, advirtió que más allá de que se apruebe la reasignación de fondos frescos del FMI para la Argentina, entre otras naciones, eso no reemplazará la necesidad de que el país encare reformas estructurales en el marco de programas acordados.

Las palabras que llegan de altos directivos del Fondo reflejan que la Argentina sigue siendo motivo de desconfianza en el mundo de las finanzas.

Hace 20 años el país declaró el default más grande de la historia, y ahora volvió a las andadas, tras el muy mal negocio que hizo Macri al aceptar un préstamo que obliga a desembolsar casi US$ 40.000 millones en apenas dos años.

El objetivo de la gira de Guzmán, que incluirá Alemania, Italia, España y Francia, es obtener los apoyos necesarios de los accionistas del FMI (especialmente G7 y G20) para concretar un programa que "le sirva a la Argentina", dijeron desde del Ministerio de Economía.

Habrá que ver si al final del camino hay coincidencia entre lo que le sirve a la Argentina y lo que pretenden los países acreedores.

Y también cuáles serán los tiempos para lograr ese objetivo, teniendo en cuenta la sensación cada vez más clara de que el país pretende postergar un acuerdo para después de las elecciones, porque el FMI siempre fue piantavotos.

Guzmán busca convencer a los principales accionistas del organismo de que el país merece tratamiento especial. 

Por eso, influyentes dirigentes de la alianza gobernante, como la vicepresidenta Cristina Kirchner, piden un acuerdo a 20 años de plazo, cuando el tope previsto en los estatutos del FMI es de 10.

Guzmán ya solicitó reducir la sobretasa de intereses y crear un fondo de DEG (la moneda del FMI) para acceder a plata fresca arriba de la cuota.

La primera propuesta no parece haber caído en la gracia de la titular del FMI, Kristalina Georgieva, quien prometió analizarla pero dijo estar en desacuerdo, porque esa sobretasa busca proteger los activos del Fondo.

La ampliación de los DEG, que le permitirían a la Argentina acceder a unos US$ 4.300 millones, sería aprobada hacia julio próximo, pero desde el organismo ya avisaron que su uso quedará acotado a la pandemia de Covid.

Esto puede trabar la expectativa argentina de utilizar esos fondos para cumplir con los vencimientos de este año.

Todo esto ocurre mientras el país sigue impulsando una demanda contra el acuerdo alcanzado entre el FMI y Macri, que podría complicar a varios funcionarios del organismo multilateral.

Es decir, mientras la Argentina busca obtener la gracia del Fondo por un lado, por el otro lo amenaza con un juicio que podría incluir citaciones de funcionarios del organismo por parte de la Justicia local.