En un intento por reducir subsidios millonarios, el Gobierno analiza una nueva estructura para segmentar las tarifas de electricidad y gas en el AMBA, por la cual los sectores de mayor poder adquisitivo pasaría a afrontar el costo total del servicio, lo que representará un incremento del 80%.

Esa segmentación está siendo analizada por el equipo económico, y ya despertó polémicas y marchas y contramarchas, cuando el intento de aplicarla en el año electoral fue rechazado de plano por el kirchnerismo.

La necesidad de bajar los subsidios forma parte de la exigencia del FMI para sellar un acuerdo de refinanciamiento de deudas a diez años, de unos USD 45.000 millones que debe pagar la Argentina.

El Gobierno avanza con un plan de segmentación de tarifas para crear en principio tres categorías de usuarios.

Los hogares de mayor poder adquisitivo pasarían desde el 2022 a pagar la tarifa plena, lo cual implicaría aumentos de entre el 70% y el 80%.

Los de ingresos medios mantendrían los subsidios pero los costos empezarían a tener una actualización en paralelo a la inflación.

Los hogares más pobres, que representan dificultades para categorizar, terminarían pagando sólo la tarifa social.

Para el ministro de Economía, Martín Guzmán, el esquema de tarifas es "prorico", una calificación que no sería compartida por la vicepresidenta Cristina Kirchner, para quien el sistema de subsidios tarifarios siempre rindió políticamente.

Pero Guzmán sostiene que los subsidios constituyen una de las razones por las que la Argentina sigue asignando mal los fondos para desarrollar obras y permitir que crezca la inversión en energía.

Los subsidios a la Argentina rondarán este año electoral los $ 900.000 millones -unos USD 9.000 millones-, nivel que, según Guzmán, será insostenible repetir en 2022.

Distintas consultoras vienen alertando que los subsidios crecen a un ritmo mayor que los ajustes a jubilados y los planes sociales.

La segmentación.

Si se logra avanzar en la segmentación de tarifas, los hogares serían divididos en tres grandes grupos.

El primer segmento, de mayor poder adquisitivo, sería de entre 10% y 15% de la población del área metropolitana.

Pasarían desde el 2022 a afrontar la tarifa completa, lo cual representaría un aumento de entre el 70% y el 80%.

Esta quita de subsidios sería aplicada sobre los hogares que habitan las zonas de Recoleta, Puerto Madero, Barrio Norte y los countries ubicados en el conurbano norte.

En el segundo aparece la clase media, que debería pagar tarifas ajustadas según la inflación.

Y en tercer lugar aparecen los hogares que afrontarían la tarifa social, la mayoría de los cuales recibe el subsidio de la asignación por hijo y otros planes similares.

Representan más del 40% de los hogares del AMBA y continuarían siendo subvencionados.

En la actualidad el Estado paga 7 de cada 10 pesos de las boletas de luz.

Las mayores recomposiciones asignadas hasta ahora solo fueron para las empresas distribuidoras.

Pero los costos siguen en aumento y el atraso tarifario se estima en un 80%, que se está cubriendo vía subsidios.