Un grupo de bancos extranjeros reclamó que la cerealera Vicentin de a conocer una serie de documentos, entre los que se incluyen transferencias electrónicas de los últimos tres años, así como transacciones realizadas por ejecutivos de la compañía.

El pedido fue formulado a la Justicia de Nueva York por un conjunto de entidades entre las que se encuentra la International Finance Corp, la división de préstamos privados del Banco Mundial, además de otras como Rabobank, Credit Agricole e ING, de acuerdo con lo consignado por la agencia financiera Bloomberg.

Los abogados del Comité Directivo de los acreedores fundamentaron el pedido en el hecho de ser partes interesadas, como mayor grupo de acreedores de Vicentin.

El comité pretende que se den a publicidad los documentos para su uso en un procedimiento que está pendiente en la causa que lleva adelante el juez Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, a quien la directora de la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe, María Victoria Stratta, volvió a solicitarle la intervención de la administración de Vicentin.

La solicitud de documentos abarca datos desde principios de 2017 hasta la actualidad, según el expediente del 29 de junio, y concierne a Vicentin y sus filiales, con negocios en Paraguay y Europa.

Ente estas se destaca Renova SA, de la que Vicentin es accionista en forma conjunta con Glencore PLC, el mayor comerciante de materias primas del mundo.

Los bancos, que incluyen Natixis y el banco de desarrollo holandés FMO, también solicitaron información de gerentes y miembros de las familias fundadoras, entre ellos Sergio Roberto Vicentin, Pedro Germán Vicentin y Roberto Oscar Vicentin.

La compañía solicitó su concurso de acreedores en febrero de este año, luego de haber acumulado una deuda de unos $182 millones por créditos otorgados por la anterior conducción del Banco Nación, cuando estaba presidido por Javier González Fraga.

Al respecto, la Unidad de Información Financiera (UIF) consideró que la entidad financiera estatal le había dado un tratamiento preferencial a Vicentin, al punto que un tercio del volumen de préstamos se concedió en un plazo de 12 días hábiles en noviembre del año pasado, luego de las elecciones presidenciales pero antes de la asunción de Alberto Fernández.

En un escrito presentado ante el juez Julián Ercolini, la UIF consideró que la empresa podría haber incurrido en maniobras que representaron lavado de activos, además de destacar que fue una de las principales aportantes a la campaña electoral de Juntos por el Cambio.