La Justicia de la Capital Federal prorrogó una medida cautelar a favor de 110 socios de Boca Juniors que compraron abonos para plateas de La Bombonera a fines de 2019, poco antes de que dejara la presidencia del club su anterior titular, Daniel Angelici.

Los 110 abonos fueron cancelados apenas asumió el actual presidente, Jorge Amor Ameal, pero a fines de 2019 –cuando aún había partidos de fútbol con público- un tribunal de primera instancia dispuso provisoriamente la vigencia del acceso a las plateas.

Aquella medida, que tenía vigencia por un año, fue renovada a fines de 2020 por un año más, es decir que extendió la vigencia hasta fines de 2021.

Ameal apeló esa decisión; pese a que se mantiene la imposibilidad de asistencia de público, los abonos se renuevan anualmente y sus poseedores tienen prioridad a la hora de hacerlo.

Además, como no hubo contraprestación durante 2020, la situación genera la posibilidad de una compensación por parte del club.

“Resulta adecuado mantener la medida cautelar dispuesta en su oportunidad, sin que ello implique en modo alguno privilegiar a este grupo de abonados por sobre el resto de los socios del Club, sino justamente ser tratados en igualdad de condiciones como cualquier socio, tanto para la solución que el club vaya a acordar con todos los asociados por no haber recibido contraprestación durante el período 2020 así como el modo de renovación que prevé el reglamento de abonos”, dijo la Sala I de la Cámara Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas.

Los jueces Elizabeth Marum, Marcelo Vázquez y José Sáez Capel aclararon que la prórroga de la medida cautelar “no implica en modo alguno pronunciarse acerca de la legitimidad de la venta de las localidades cuestionadas ni quién tiene derecho a hacer uso de aquellas”.

El fallo destaca que la revocación de los abonos podría configurar “la hipótesis de una discriminación por su opinión política hacia aquellos socios que resultaron damnificados, perpetrada por la nueva gestión del Club Atlético Boca Juniors”.

En efecto, la venta de los abonos estuvo destinada a socios vinculados con la lista que perdió las últimas elecciones en Boca.

La causa fue iniciada por el socio Héctor Aníbal Álvarez, con el patrocinio letrado del abogado José Console.

El abogado Console fue designado por el ex ministro de Justicia durante el gobierno de Cambiemos, Germán Garavano, para formular el alegato acusatorio en la causa por la desviación de la investigación del atentado contra la AMIA.

En aquella ocasión, el Estado –representado por Console- decidió no acusar a los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, quienes finalmente y pese a ello terminaron condenados.

La medida cautelar prorrogada hoy ordena a la actual comisión directiva de Boca “dejar sin efecto, toda disposición, resolución, decisión o medida de cualquier naturaleza que revoque el derecho de los socios que tuvieran abono vigente el estado actual de los abonos”.