La Inspección General de Justicia (IGJ) le ordenó a San Lorenzo de Almagro que convoque en el plazo de 15 días a una Asamblea General de Representantes “para el tratamiento de los estados contables correspondientes al ejercicio económico finalizado al 30 de junio de 2022”, que viene siendo reiteradamente postergado.

La convocatoria deberá ser realizada “informando fecha, horario y lugar de acceso a toda la documentación respaldatoria, la que deberá ponerse a disposición con no menos de 15 días de antelación a la reunión”.

La IGJ hizo lugar al planteo de un socio identificado en el expediente como Manuel Astesiano Agote, a raíz de una serie de irregularidades no sólo en las fechas de las convocatorias a las asambleas (convocadas y suspendidas sucesivamente) sino con las cuentas del club.

La IGJ declaró “irregular e ineficaz la convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria” prevista para la víspera,  31 de julio de 2023, con lo que suspendió su  eventual validez.

Además, el organismo que depende del Ministerio de Justicia aplicó “la sanción de apercibimiento con publicación de la totalidad de la presente Resolución a cargo del infractor, en un lugar destacado de la web oficial de la entidad (https://sanlorenzo.com.ar/) y por un plazo no menor de 180 días”.

“Los denunciantes –sostiene la resolución de la IGJ-, han detectado importantes falencias en lo que hace al resguardo patrimonial de la entidad”.

En ese sentido, enumeró “la existencia de un pasivo que equivale a casi el 30% del rubro ‘Préstamos’ por más de 300 millones de pesos nominales, acerca de lo cual la Auditoría Interna no ha podido acreditar evidencia suficiente sobre condiciones de actualización y devolución”.

Además, el documento remarcó que “se advierte la modificación en la posesión en los derechos del jugador (Agustín) Giay, de enorme evolución, pasando sin motivo aparente del 100% en posesión del Club, al 90%”.

El fiscalizador  Finalmente, se aprecia la falta de aprobación por parte del fiscalizador por la minoría, Alejandro Segura, denunció “no haber tenido acceso a los estados contables para el ejercicio económico finalizado al 30 de junio de 2022 previo a su tratamiento, como así tampoco a la documentación respaldatoria”.

“Más aún, destaca que ni siquiera los movimientos entre 2013 y 2022 han sido registrados en el Libro de Gastos Diarios rubricado de la entidad”, añadió.

La IGJ subrayó que “si bien el estado de situación impone normativamente y a todas luces la suspensión de la reunión convocada para el día 31 de julio de 2023, el sucesivo retraso del tratamiento de los estados contables del ejercicio cerrado al 30 de junio de 2022 resulta violatorio de los derechos de los asociados, debiendo atenderse además, con la suspensión señalada, a los demás derechos menoscabados, conforme los hechos aquí relatados”.

“Corresponde intimar a la entidad a convocar debidamente y en el plazo máximo de 15 días corridos de notificada la presente, a Asamblea General de Representantes para el tratamiento de los estados contables mencionados, informando, en la oportunidad de la indicada convocatoria, fecha, horario y lugar de acceso a toda la documentación respaldatoria”, resumió la resolución de la IGJ.