El mítico estadio "Maracaná" era acondicionado este jueves para recibir hasta 4.000 personas, la mitad de ellos argentinos residentes en Brasil, cuando el próximo sábado se enfrenten Argentina y Brasil por la final de la Copa América, según acordaron la Conmebol y el Gobierno de Jair Bolsonaro.

De hecho, según detalló el cónsul general argentino en Río de Janeiro, Claudio Gutiérrez, le habían encomendado la tarea de cursar esas invitaciones para los 2.000 argentinos que serían privilegiados de poder estar en el encuentro decisivo, acompañando su ingreso con un testeo PCR (hisopado) negativo.

El público que esté en el estadio será al margen de aquellos involucrados en la organización, cuya habilitación llegó a través de un pedido de Conmebol que aceptó el ministro de Salud de Brasil, Marcelo Queiroga, porque la Copa América "no incidió en la pandemia".

En ese sentido, según los reportes de la casa madre del fútbol sudamericano, hubo hasta el momento 166 personas contagiadas vinculadas a la Copa América -incluidos empleados de empresas prestadoras de servicios-.

El pedido de Conmebol, hace cinco días, fue para el público en general e incluía la posibilidad de ocupar un 50 por ciento del aforo total de 78.000 espectadores con el que cuenta el estadio "Maracaná".

En un comunicado de prensa, la intendencia de Río de Janeiro dijo que rechazó el ingreso de público en general, pero aclaró que la Secretaría de Salud "estudia" dar entradas de cortesía y con un diez por ciento máximo de ocupación del estadio "Maracaná".

"Fue solicitada la posibilidad de permitir un público estricto en el estadio con personas registradas y testadas para Covid-19, garantizando el distanciamiento entre los lugares y con menos del 10% de la capacidad del Maracaná. Se está analizando la solicitud", explicó el comunicado.

Ésta solicitud fue similar a la que realizó y logró la Conmebol en enero pasado, cuando en el mismo escenario para la final de la Copa Libertadores entre Santos y Palmeiras, que finalmente tuvo un 10 por ciento del aforo.

Desde bien temprano, los medios brasileños dieron cuenta de esa solicitud, que quedó también a expensas de la decisión de la Prefeitura de Río de Janeiro, que tenía que dar las garantías de seguridad.